La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un paso significativo al abrir una nueva línea de investigación sobre un operativo controvertido llevado a cabo los días 17 y 18 de abril en un laboratorio clandestino en el municipio de Morelos, Chihuahua. Este operativo, que implicó la participación de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), ha suscitado inquietudes sobre una posible invasión de competencias federales por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
La FGR reveló que las autoridades estatales solamente notificaron a la instancia federal después de que el operativo había concluido, lo que provoca interrogantes sobre la gestión del caso y acerca del cumplimiento de los marcos constitucionales en materia de seguridad nacional y política exterior. La llegada de agentes ministeriales y peritos federales al lugar del operativo presentó complicaciones, ya que no se les proporcionó la cadena de custodia adecuada para las sustancias y evidencias aseguradas por las autoridades locales, un hecho que ha quedado documentado en la carpeta de investigación federal.
Actualmente, el narcolaboratorio sigue en pie y se encuentra bajo resguardo de fuerzas federales, mientras se trabajan en la destrucción y traslado de sustancias químicas y equipos utilizados para la producción de drogas sintéticas. En el operativo se hallaron más de 55,000 litros de sustancias químicas líquidas y más de 50 toneladas de sustancias sólidas, además de cerca de 2,000 litros de metanfetamina y diversas maquinarias como reactores y cilindros de gas.
La FGR también ha mantenido abierta una investigación sobre posibles delitos vinculados a la seguridad nacional. Cabe destacar que de las siete personas convocadas a declarar, varios funcionarios estatales no se presentaron, lo que llevó a que se les volviera a convocar para esclarecer su participación en el incidente.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha defendido la integridad del operativo, asegurando que fue llevado a cabo exclusivamente por autoridades mexicanas y subrayando que en su administración “no hay nada que esconder”. En un contexto similar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha mantenido que, a su juicio, se ha vulnerado la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución, pero dejó en manos de la FGR la tarea de determinar las responsabilidades que surjan de esta investigación.
A la par de estos acontecimientos, medios de comunicación estadounidenses como CNN y The New York Times han hecho eco de la creciente actividad de la CIA en México, algo que ha sido negado por la propia agencia estadounidense.
Finalmente, la FGR ha aclarado que la investigación sobre el fallecimiento del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, ocurrido en julio de 2024, sigue activa y no está archivada. Esto se produce en un marco donde las inquietudes sobre el manejo de la justicia y la transparencia continúan marcando el rumbo del debate público en México.
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