El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, nuevamente no se presentó a una audiencia de imputación programada, a pesar de haber sido debidamente notificado. Esta audiencia fue convocada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, donde también debía comparecer su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, quien igualmente faltó a la cita.
Ambos están bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto desvío de 3,412 millones de pesos asignados a la policía estatal. Este presupuesto, destinado supuestamente a la construcción de cuarteles y otras instalaciones, se ha visto comprometido, ya que se alega que se adquirieron terrenos con edificaciones no utilizables y que materiales necesarios fueron comprados a precios inflados, o bien, no llegaron a ser entregados.
Debido a estas acusaciones, Aureoles Conejo y Corona Martínez enfrentan cargos que incluyen peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Aunque los políticos no se hicieron presentes en la audiencia, sus abogados, Ángel Echegaray Vaca y Alán Aurelio Solano Carranza, sí asistieron para representar a sus defendidos.
Durante la sesión, los abogados manifestaron ante la jueza de Control, Patricia Sánchez Nava, que no estaban informados sobre las razones de la inasistencia de sus clientes. La jueza, sin embargo, les recordó que ambos habían sido notificados correctamente y que, en consecuencia, informaría a la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, Jovita Vargas Alarcón, responsable de los juicios de amparo relacionados, sobre la ausencia de los imputados.
Además, los defensores expresaron su preocupación, argumentando que la FGR estaba negándose a reconocer su calidad de representantes legales, lo que les ha impedido acceder a la carpeta de investigación correspondiente. Esta situación añade una capa más de complejidad a un caso que ya ha captado la atención pública y que sigue desarrollándose en el ámbito judicial.
La información aquí presentada corresponde a datos disponibles hasta el 20 de agosto de 2025, y representa un momento crítico en la trayectoria de ambos políticos, en un contexto de creciente escrutinio sobre la corrupción en la administración pública mexicana.
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