La historia reciente de México, marcada por la pandemia de COVID-19, nos evidencia la necesidad imperiosa de reflexionar sobre nuestro manejo institucional en tiempos de crisis. Desde el estallido de la pandemia, los relatos sobre su gestión revelan una dualidad inquietante: por un lado, una narrativa centrada en las decisiones del poder presidencial, enfatizando la opacidad y la minimización del riesgo; por otro, una crónica legislativa que destaca la inacción y la falta de respuesta adecuada por parte de la mayoría oficialista en el Congreso, compuesta por Morena, PT y PVEM.
A partir del 23 de marzo de 2020, el gobierno mexicano reconoció la gravedad del virus, casi tres meses después del primer brote en Wuhan. La declaración de emergencia sanitaria llegó el 30 de marzo, lo que resultó en un desfase normativo que evidenció una falta de tiempo y autoridad para tomar medidas preventivas más efectivas. Mientras tanto, gobiernos estatales y universidades habían comenzado a tomar la iniciativa y cerrar aulas, actuando sin el respaldo jurídico necesario. Esta respuesta tardía no fue producto de un error técnico, sino de una decisión política que priorizó un discurso tranquilizador en lugar de construir una robusta infraestructura para enfrentar la crisis.
Frente a esta complacencia, el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados actuó con premura, presentando exhortos desde marzo para activar mecanismos de emergencia, transparentar la adquisición de insumos y garantizar la vacunación gratuita contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, estas iniciativas, que se basaban en la experiencia acumulada en salud pública y en el principio constitucional de proteger la vida, fueron desestimadas por la mayoría oficialista. Esta negativa se tradujo en contagios y muertes que podrían haberse evitado.
La abolición del Seguro Popular y la creación del INSABI, sin un diseño claro ni financiamiento adecuado, debilitó la infraestructura antes de la llegada del COVID-19. Cuando el virus estalló, el país se enfrentó a una devastadora falta de camas de terapia intensiva, ventiladores y equipo de protección para el personal sanitario. México se posicionó entre los países más castigados por la pandemia, con más de 800,000 muertes que reflejan la falta de acción legislativa y la renuncia a la responsabilidad de contrapeso.
La lección es clara: “ni perdón ni olvido” no solo representa un llamado a la memoria histórica, sino también un imperativo para reconstruir el marco jurídico de la salud pública. Es fundamental dotar al Consejo de Salubridad General con autonomía y recursos, estableciendo un Programa Nacional de Preparación para Emergencias que incluya protocolos claros y un sistema de rendición de cuentas que permita evaluar en tiempo real las decisiones que se tomen.
El desafío que queda por delante implica asegurarnos de que, ante cualquier crisis futura, las instituciones estén preparadas. La memoria legislativa de la pandemia debe convertirse en el cimiento de una reforma que priorice la salud y la vida de la población sobre cualquier cálculo político. Reconocer que la omisión, como se ha demostrado, conlleva consecuencias devastadoras es vital para avanzar hacia un sistema que verdaderamente proteja a los ciudadanos. La próxima pandemia no puede dejarnos sorprendidos por un sistema fragmentado y una mayoría legislativa que elude su deber de supervisar al Ejecutivo.
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