En un giro sorprendente en la política de Sinaloa, el gobernador morenista Rubén Rocha Moya ha solicitado licencia temporal a su cargo, un hecho sin precedentes en la historia reciente del estado. Este movimiento llega en medio de la creciente presión política y social tras ser acusado de involucrarse en actividades de narcotráfico por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Según las acusaciones, Rocha ha estado coludido con Los Chapitos, una facción del poderoso Cartel de Sinaloa, lo que ha desatado un torbellino de reacciones en la sociedad.
El 1 de mayo de 2026, el ambiente en Culiacán se tornó tenso, con elementos del ejército mexicano y policía estatal desplegando medidas de seguridad en la colonia La Pemex, escenario de un tiroteo que refleja la clara tensión social. Este suceso es solo uno de los muchos que han marcado la jornada reciente en la región, evidenciando la complejidad del conflicto entre las autoridades y los grupos criminales.
No obstante, la controversia en torno a Rocha Moya no es un fenómeno aislado ni reciente. Responde a un entramado más amplio que envuelve la política y el crimen organizado en Sinaloa, un estado que ha sido históricamente un punto álgido de enfrentamientos entre el gobierno y las organizaciones delictivas. La detención de Ovidio Guzmán en enero de 2022, que provocó disturbios y vehículos quemados en las carreteras de la región, es un claro ejemplo de cómo estos conflictos impactan la vida diaria de los ciudadanos.
La situación crítica se vio reflejada también el 30 de abril, cuando el ejército mexicano activó protocolos de vigilancia en la colonia Brisas del Humaya tras un ataque dirigido a un individuo identificado como Homar Salas. Estos episodios de violencia son un recordatorio perturbador del clima de inseguridad vigente en el estado, donde las fronteras entre el poder político y el criminal son cada vez más difusas.
Las autoridades enfrentan un dilema complejo. Por un lado, la búsqueda de justicia y el restablecimiento del orden son esenciales; por el otro, la historia de corrupción y complicidad ha generado desconfianza en la población. Es en este contexto que la decisión de Rocha Moya de apartarse temporalmente del cargo parece una medida de protección estratégica, aunque la pregunta persiste: ¿será suficiente para calmar las aguas en un entorno tan convulso?
Mientras la política y el crimen se entrelazan, el futuro de Sinaloa se presenta lleno de incertidumbres. La fiscalía de Nueva York ha encendido una luz sobre el oscuro vínculo entre las autoridades locales y el narcotráfico, un fenómeno que no solo afecta a la entidad, sino que resuena en el escenario nacional e internacional. La urgencia de un cambio significativo se siente en el aire, y la reacción de la población será clave en los días venideros. Aunque la petición de licencia se ha hecho efectiva, la historia de Sinaloa continúa, con numerosas preguntas aún por responder.
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