La historia muestra un claro patrón: los países que han operado bajo un sólido Estado de derecho son aquellos que han logrado niveles significativos de desarrollo económico. Elementos clave de un Estado de derecho incluyen un sistema democrático, una clara división de poderes, transparencia en la gestión pública y bajos niveles de corrupción, así como un entorno con baja criminalidad, tanto en delitos contra la integridad personal como patrimonial.
Los derechos de propiedad son una pieza central en estos sistemas. Definidos y protegidos por un poder judicial independiente, permiten que los mercados operen de manera competitiva con pocas barreras de entrada y salida. Este contexto de economía de mercado se traduce en mayores niveles de democracia tanto política como económica.
México, sin embargo, ha enfrentado retos persistentes en este ámbito. Históricamente, su sistema político se caracterizó por ser cerrado y dominado por un único partido, lo que afectó la eficacia de la división de poderes. Esta situación comenzó a cambiar con dos reformas clave durante la presidencia de Ernesto Zedillo: la independencia del Poder Judicial en 1994 y una transición hacia un sistema democrático en 1997.
En el ámbito económico, la protección de los derechos de propiedad ha sido insuficiente, y los mercados han estado marcados por regulaciones que limitan la competencia. Sin embargo, la apertura económica del país comenzó a materializarse a partir de 1986 con la adhesión al GATT y la firma de tratados de libre comercio, acciones que permitieron un fortalecimiento gradual de la competencia.
Instituciones como la Comisión de Competencia Económica y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública comenzaron a afianzarse, impulsando un entorno más transparente y competitivo. Sin embargo, la llegada de la administración de López ha planteado preocupaciones sobre la regresión en diversas áreas de estos avances.
El control sobre el INE y el TEPJF, junto con la introducción de reformas que limitan la capacidad de impugnación de reformas constitucionales, han generado inquietudes sobre la salubridad del sistema democrático. Además, acciones que han restado independencia al Poder Judicial y debilitado mecanismos de protección como el amparo, sugieren una tendencia hacia una centralización del poder que aleja al país de las prácticas democráticas.
En el ámbito económico, se han observado movimientos que benefician a empresas estatales en detrimento de la competencia, lo que ha llevado a una disminución de la protección al consumidor y prácticas monopólicas en sectores clave, como el energético. La eliminación de organismos reguladores ha permitido una consolidación del poder económico en manos del gobierno, complicando aún más la situación.
En resumen, las decisiones recientes han debilitado el Estado de derecho en México, lo que a su vez encarece el proceso de desarrollo económico y genera serias preocupaciones sobre el futuro del sistema democrático en el país.
Esta información corresponde a datos disponibles hasta el 22 de septiembre de 2025.
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