Un total de 43 organizaciones de la sociedad civil, junto a 20 defensores de los derechos humanos, han alzado la voz en un llamado contundente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La exigencia es clara: no aceptar ni colaborar con el Gobierno de Estados Unidos en la reimplementación del programa “Quédate en México”, conocido como Migrant Protection Protocols (MPP).
Este grupo, a través de una carta dirigida no solo a la mandataria, sino también a Juan Ramón de la Fuente y Sergio Salomón Céspedes, secretarios de Relaciones Exteriores e Instituto Nacional de Migración, respectivamente, solicita un rechazo categórico a cualquier intento de reactivar el MPP. En su mensaje, enfatizan la necesidad de salvaguardar la seguridad y la dignidad de las personas en movilidad y recuerdan la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el Amparo en Revisión 302/2020, dictó la importancia de proteger los derechos humanos sin discriminación.
El contenido de esta carta se fundamenta en la obligación constitucional e internacional que tiene el Estado mexicano: garantizar y respetar los derechos humanos de todas las personas. La reimplementación del MPP, argumentan, sería incompatible con los compromisos de una política migratoria que priorice el humanismo y los derechos fundamentales. Este enfoque, insisten, debe considerar aspectos interseccionales que toquen temas de género, infancia y discapacidad.
Las organizaciones firmantes también advierten sobre la naturaleza del MPP como una forma de externalización del control migratorio. Al transferir la responsabilidad de protección a un país como México, que aún no ha garantizado condiciones adecuadas de seguridad y acceso a derechos para quienes son devueltos, se corre el riesgo de despojar a estas personas de su dignidad y derechos fundamentales.
Un aspecto crucial mencionado en la carta es que la implementación del MPP requiere el consentimiento y la coordinación del gobierno mexicano. En este sentido, recuerdan que la Corte reconoció la responsabilidad de las autoridades al no establecer los protocolos apropiados para la recepción de personas retornadas. Esta falta de preparación resalta la necesidad urgente de un enfoque más humanitario y coordinado.
El contexto actual, definido por preocupaciones sobre derechos humanos y políticas migratorias, invita a un diálogo constructivo entre México y Estados Unidos. Este diálogo debe centrarse en la protección efectiva de las personas en situaciones de movilidad, un aspecto que, sin duda, merece la atención y acción de las autoridades en ambos países.
La presión de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos es un recordatorio claro de que el futuro de la política migratoria debería estar basado en el respeto y la dignidad de las personas, y no en la mera gestión de flujos migratorios.
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