Sheinbaum celebra una ‘nueva’ Constitución.

El Plan C de Andrés Manuel López Obrador ha marcado un hito en el panorama político y legislativo de México. Entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, el Congreso de la Unión aprobó más de 20 reformas a la Constitución, modificando 45 artículos y generando un sinfín de leyes secundarias. Con este ambicioso objetivo, López Obrador pretende recuperar el enfoque social de la Constitución de 1917, legado de la Revolución Mexicana, que según sus promotores, se había distorsionado a lo largo de los años y con las más de 500 reformas aplicadas entre 1982 y 2018.

El 5 de febrero de 2024, en un evento conmemorativo del 107 aniversario de la Carta Magna, el presidente propuso el Plan C como un adelanto de las campañas electorales donde el partido Morena, junto con sus aliados PVEM y PT, logró las mayorías necesarias para llevar a cabo una reforma constitucional extensiva. A esto se le contrapone el Pacto por México, establecido por partidos como PRI, PAN y PRD bajo la administración de Enrique Peña Nieto, con el que se promovieron reformas educativas y energéticas que fueron emblemáticas del neoliberalismo.

En un giro rápido y casi sin precedentes, las reformas incluidas en el Plan C se aprobaron en tiempo récord, pasando por alto algunos trámites legislativos con el fin de afianzar el control en el Senado. La única reforma que se ha aplazado es la político-electoral, que la presidenta Claudia Sheinbaum planea presentar con un contenido modificado en la Cámara de Diputados en un futuro cercano.

Entre los hitos de este proceso, la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre de 2024 se destacó al modificar 20 de los 136 artículos de la Constitución, introduciendo la polémica elección de jueces y magistrados mediante votación popular. López Obrador también tuvo tiempo para promulgar dos decretos relevantes antes de dejar el cargo: la modificación del artículo 2 en reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y el ajuste a la Guardia Nacional, que afectó a 12 artículos constitucionales.

Una vez asumido el mando, Sheinbaum ha dado continuidad al Plan C, promulgando reformas significativas que abarcan desde el rescate del transporte ferroviario hasta la ampliación de programas sociales y la modificación del papel de la Comisión Federal de Electricidad como entidad pública del Estado. Además, ha buscado eliminar al Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) y ha implementado normas de protección animal y de salud.

Una propuesta esperada ha sido la reforma que asegura que el salario de maestros, policías y trabajadores del sector salud no podrá ser inferior a la inflación, aunque aún se encuentra en espera de promulgación. Sheinbaum también ha impulsado nuevas reformas relacionadas con la igualdad de género y la prohibición de la reelección legislativa, medidas que reflejan el ethos progresista de su administración.

Ante la creciente crítica de sus opositores, la presidenta ha promovido una estrategia digital para simplificar procesos burocráticos, aunque esta ha suscitado controversia por las amplias facultades concedidas a la nueva Agencia de Transformación Digital. En el contexto internacional, ha realizado ajustes a los artículos de la Constitución para salvaguardar la soberanía nacional de las interferencias externas, reafirmando la independencia de México en un mundo globalizado.

Hasta la fecha, Sheinbaum ha presentado 65 iniciativas de reforma que han tenido una tasa de aprobación notable del 90.7%, logrando resultados similares a los de su predecesor en un periodo de tiempo relativamente corto. La evolución del marco constitucional mexicano continúa dando de qué hablar, reflejando los cambios profundos en el enfoque del país hacia el bienestar social y la justicia.

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