En Cancún, Quintana Roo, un grupo de once organizaciones ambientalistas han levantado la voz, exigiendo una revisión exhaustiva de las prácticas de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado (Sema). Esta demanda se deriva de la preocupación por irregularidades sistémicas en los Procedimientos de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) que llevan a cabo las autoridades estatales. Las agrupaciones, entre las que se encuentran el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), han expresado su alarma por la opacidad y las deficiencias en la participación ciudadana que caracterizan a estos procesos.
Los ambientalistas han denunciado el uso de formalismos excesivos y criterios restrictivos que obstaculizan la participación de la sociedad en la evaluación de proyectos. En muchos casos, Sema no ha abierto consultas públicas, incluso cuando la legislación ambiental lo permite o exige. Esta falta de transparencia no solo limita el derecho de la comunidad a ser informada, sino que además coarta su capacidad de intervenir en decisiones que afectan su entorno.
Uno de los puntos más críticos de la declaración señala cómo Sema ha otorgado autorizaciones ambientales “exprés”, lo que dificulta que ciudadanos y grupos conozcan a tiempo los proyectos que se desarrollan y, por ende, poder solicitar consultas públicas. Este accionar, según los denunciantes, infringe tanto la legislación ambiental nacional como los estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la participación ciudadana.
La exigencia de las organizaciones no se detiene ahí. También solicitan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que se lleve a cabo una investigación para determinar si Sema, junto con la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) del estado, está realizando inspecciones y vigilancia de proyectos que deberían ser competencia federal. Si se comprueba tal irregularidad, piden que estas acciones sean detenidas de inmediato.
Asimismo, es crucial que se garantice que los proyectos que necesitan evaluación federal, según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), no sean tramitados indebidamente por autoridades estatales. Se demanda también que se presenten y evalúen nuevas manifestaciones de impacto ambiental cuando la magnitud o los impactos acumulativos de los proyectos así lo requieran.
Este pronunciamiento resuena en un contexto donde la protección del medio ambiente enfrenta retos significativos, y resalta la pertinencia de fortalecer los canales de participación ciudadana en la toma de decisiones que repercuten en el entorno natural. La lucha por un desarrollo sostenible y el respeto a los derechos de la comunidad se encuentra en el centro de este apasionante debate que continúa en evolución.
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