Comunidades indígenas y organizaciones sociales han expresado su alarma ante recientes ataques perpetrados con drones, presuntamente por el grupo criminal Los Ardillos, en la comunidad de Alcozacán, Guerrero. Estas agresiones han llevado a una situación insostenible para las familias desplazadas del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
En un pronunciamiento difundido el 11 de mayo de 2026, las organizaciones denunciaron que los ataques continúan sin cesar, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien había afirmado en su conferencia matutina que su administración trabaja para “proteger a la población”. Sin embargo, la contundente realidad muestra que, en los últimos días, Alcozacán ha sido blanco de bombardeos con drones, lo que ha sumido a sus habitantes en un estado de terror constante.
Desde el pasado 6 de mayo, diversas comunidades han estado sufriendo ataques sistemáticos, con el Ejército sin intervención visible en el área. Los grupos que defienden los derechos de estas comunidades han manifestado su preocupación por la aparente omisión de las autoridades tanto federales como estatales para garantizar la seguridad de quienes han sido desplazados por la violencia.
La respuesta del gobierno federal, mencionada por Sheinbaum, indica una intención de abordar la crisis del desplazamiento forzado en Guerrero, una problemática que refleja la creciente violencia que padece la región. “Primero hay que entrar en contacto con ellos, ver lo que está ocurriendo, ver en qué lugares”, subrayó la presidenta, evidenciando la necesidad de un acercamiento más efectivo para resolver la situación devastadora en la que se encuentran los pobladores.
El hecho de que las comunidades indígenas experimenten ataques aéreos mientras se invocan promesas de protección gubernamental plantea serias dudas sobre la eficacia de la respuesta institucional ante la crisis. La creciente ola de violencia en Guerrero requiere atención inmediata y acción decisiva para salvaguardar a las comunidades en riesgo y restaurar la paz en la región.
En resumen, las denuncias de los ataques con drones en Alcozacán resaltan una grave preocupación por la seguridad y los derechos de las comunidades indígenas en Guerrero. La falta de respuesta efectiva por parte del gobierno federal no solo agrava la situación, sino que también desafía las promesas de protección y seguridad que deben ser un pilar fundamental para todos los ciudadanos.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
