Un grupo de 22 exconsejeros y exmagistrados electorales ha lanzado un importante llamado a la participación ciudadana, instando a diferentes sectores —como partidos políticos, empresarios, académicos, medios de comunicación y la sociedad civil en general— a involucrarse en un diálogo nacional plural e inclusivo en torno a la reforma electoral planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En un pronunciamiento conjunto, estos expertos en la materia han destacado la urgencia de una reforma que no solo asegure estándares elevados de integridad electoral, sino que también derive de un proceso ampliamente deliberativo y consensuado, más allá de las mayorías en el Parlamento. Los firmantes subrayan que “una democracia se fortalece cuando todos tienen cabida, aunque tengan menos votos”, enfatizando la importancia de escuchar diversas voces, incluidas las de las minorías, en la construcción de un sistema electoral sólido.
Entre los firmantes se encuentran reconocidos nombres como Ciro Murayama Rendón, Benito Nacif, María Marván, José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde, quienes han delineado seis propuestas para orientar la reforma electoral. Una de las sugerencias más relevantes es ajustar la asignación de escaños en los congresos, para que refleje con mayor fidelidad el porcentaje de votos que cada fuerza política ha obtenido, evitando así distorsiones que favorezcan artificialmente a las mayorías.
Asimismo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de preservar la independencia de los órganos electorales, tanto a nivel federal como estatal. Los firmantes rechazan la idea de elegir a consejeros y magistrados electorales mediante voto popular, como han propuesto sectores afines a la Cuarta Transformación, sugiriendo que estas posiciones sean ocupadas por personas nombradas por el Congreso, basándose en criterios de experiencia, imparcialidad y conocimiento técnico, siempre con la vigilancia de los partidos.
El pronunciamiento también defiende que el Registro Federal de Electores y la Credencial para Votar continúen bajo la custodia del Instituto Nacional Electoral (INE), asegurando su carácter técnico e imparcial. De igual manera, se ha demandado un sistema robusto de rendición de cuentas para prevenir la compra o coacción del voto, así como sancionar el uso indebido de recursos públicos durante las campañas electorales.
Finalmente, los firmantes proponen que la selección de jueces y magistrados electorales se realice en función del mérito, la independencia y la pertenencia a una carrera judicial, garantizando así su actuación libre de presiones políticas.
Este llamado al diálogo y a la participación ciudadana refleja la importancia de construir un marco electoral que no solo sea representativo, sino también respetuoso de los principios democráticos, sentando las bases para un futuro electoral más justo y equitativo. Esto invita a un análisis profundo y a una participación activa de todos los sectores involucrados, marcando un camino hacia una democracia más plena y efectiva.
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