A Carmen Cecilia Becerra la han violado casi una decena de hombres desde que tiene siete años. Primero, sus tres padrastros, luego sus tíos, después su marido. Cuando Mari San Juan ve una furgoneta, se sigue escondiendo y aguantando la incontinencia del pánico que le dan. Gran parte de los sonidos de la infancia de Ana Ortiz son los gritos y los golpes de su padre. Los de su adultez se le parecen bastante. Lo único en lo que Chirley Pérez piensa al atardecer es en que ojalá su expareja no haya bebido “porque se transforma” y pega a sus hijos. La violencia de género ha sido una constante en la vida de la mayoría de mujeres de la comunidad de La Fortaleza, en Cúcuta, frontera colombiana con Venezuela. La diferencia de hace un par de años a hoy es que ahora se atreven a contarlo. Y así, dicen, pesa un poco menos.
Becerra recuerda su historia entre susurros para que los niños que tiene a cargo en la guardería improvisada en el salón de su casa no la escuchen hablar “de eso”. La Fortaleza es un asentamiento irregular con más de 2.000 familias —la mayoría migrantes venezolanos o retornados— sin apenas presencia del Gobierno. Los pocos trabajos que se conocen aquí son de días y se aceptan aunque a los extranjeros se les pague menos. “Tenemos que coger lo que nos salgan”, repiten. Una niña pequeña se acerca dando saltitos en un vestido amarillo, y abraza a la seño antes de volver a jugar. “Así de chiquita era yo cuando abusaron de mí”, dice cuando esta se va. “No tenía ni ocho años”. Fue su padrastro. Luego fueron los otros dos. Pero la mayor de las agresiones que recuerda de entonces, fue la bronca de la madre cuando tomó el coraje necesario para confesarlo y mudarse con su padre. “¿Por qué tiemblas? No seas exagerada”, le decía entonces a esta mujer que hoy tiene 47 años.
Dormí tranquila el día que me enteré que mi exmarido se había muerto”, narra aún aterrada. Nunca denunció. “¿A quién? Todos lo conocían”
Carmen Cecilia Becerra, superviviente de maltrato machista
En su adolescencia, Becerra conoció a un tipo “encantador y trabajador” al principio. Y su mayor pesadilla después. Intentó escapar siete veces. Agarraba un par de mudas de sus hijos y salía de noche con el miedo en la garganta. “Pero me encontró todas las veces”, dice. Las amenazas se materializaron con machetazos, intentos de asfixias en la alcantarilla y palizas en su lugar de trabajo. “Dormí tranquila el día que me enteré que se había muerto”, narra aún aterrada. Nunca denunció. “¿A quién? Todos lo conocían en el pueblo”.
La falta de papeles juega un papel clave en ello. Así lo asegura Adriana Marcela Pérez Rodríguez, directora del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander: “Cuando las mujeres migrantes venezolanas amenazan con denunciar a sus agresores, sufren coacciones y presiones para intimidarlas y que no lo hagan. Es común que ellos también digan que irán a la policía a decir que no tienen los documentos al día y que las deporten. Esto pasa sobre todo con víctimas de trata”.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
