La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, se dirige hacia un enfrentamiento con el Gobierno de Boris Johnson, y quiere hacerlo con la ley de su parte. Ante la negativa de Downing Street de permitir que se celebre un nuevo referéndum de independencia, la líder del Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés) ha anunciado este martes que acudirá pronto a la Asamblea Legislativa Autónoma para dar más detalles sobre cómo pretende sortear la Sección 30 de la Ley de Escocia de 1998. Es el apartado que permite al Parlamento de Westminster traspasar competencias, de modo temporal o permanente, a las autoridades escocesas. Fue la fórmula empleada por el Gobierno conservador de David Cameron para permitir la celebración del referéndum de independencia de 2014. El resultado entonces, después de una campaña en la que el establishment británico tuvo que poner toda la carne en el asador en las últimas semanas para salvar la unidad del Reino Unido, fue de 55% en contra de la secesión, frente a un 45% a favor.
Sturgeon, vencedora de los últimos comicios autonómicos de mayo de 2021, hizo campaña sobre la base de un programa electoral que prometía una nueva consulta. A un escaño de la mayoría absoluta, el acuerdo parlamentario con los Verdes, partidarios también de someter de nuevo a votación la cuestión de la independencia, otorgó al nuevo Gobierno el mandato necesario para impulsar una nueva campaña. Con o sin el permiso de Johnson.
“El Parlamento escocés tiene un mandato indiscutiblemente democrático, y tenemos intención de honrarlo”, ha dicho Sturgeon. “Sin embargo, para que un referéndum pueda celebrarse, ofrezca confianza y logre sus objetivos, debe ser legal. Solo aquellos partidos que se oponen a la independencia se beneficiarían de posibles dudas sobre la legalidad de la consulta”.
La política nacionalista, que ha sido capaz de consolidar una imagen de seriedad y responsabilidad, en contraposición a la de Johnson, durante la gestión de la pandemia, utiliza argumentos políticos de modo insistente para cargarse de razón antes del posible choque con Londres. Ofrece su mano a Downing Street para negociar una nueva consulta, con el precedente de la ya celebrada en 2014; y al mismo tiempo, acusa al primer ministro británico de no respetar las reglas de la democracia ni el Estado de derecho. “Y eso quiere decir que, si hemos de defender la democracia en Escocia, debemos construir una nueva vía para hacerlo. Si es necesario, sin recurrir a la Sección 30. Pero debemos hacerlo de un modo que sea legal”, ha dicho Sturgeon.
La estrategia del SNP se centrará, como ya han sugerido previamente, en preparar todos los argumentos legales necesarios para que la justicia —todo apunta a que se tratará del Tribunal Supremo— tenga la última palabra, y dictamine si la Asamblea Autónoma tiene competencia para convocar un referéndum. El derecho constitucional de un país como el Reino Unido, sin Constitución escrita, se basa en los precedentes y las interpretaciones de los tribunales, donde el Gobierno escocés cree tener base para defender su apuesta.
De hecho, resulta llamativo que la respuesta del Ejecutivo de Johnson, consciente de que cualquier amenaza de ruptura de la integridad territorial enardecería al ala más dura del Partido Conservador, es siempre en términos políticos y de oportunidad. Nunca con argumentos legales. “No es el momento de hablar sobre otro referéndum”, ha dicho este martes un portavoz de Downing Street. “Tenemos confianza en que los ciudadanos de Escocia lo que quieren y esperan de ambos Gobiernos es que colaboren entre ellos y se centren en aquellos asuntos que preocupan en sus familias y en sus vecindarios, como la crisis del coste de la vida, o la guerra en Europa [Ucrania]”, señala el Gobierno.
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De nuevo, el Brexit
El Brexit ha sido la chispa que ha provocado la nueva campaña a favor de otro referéndum de independencia. En 2014, los defensores de la unidad territorial metieron el miedo en el cuerpo de los votantes con la amenaza de que la secesión supondría la salida de Escocia de la UE. Dos años después, a pesar de un voto en contra superior al 60% en la región, una mayoría del Reino Unido decidió abandonar las instituciones comunitarias. La sensación de trampa, acompañada del amplio y generalizado rechazo que provoca allí la figura de Johnson, dieron alas a la campaña, a pesar de la promesa nacionalista de que el resultado de 2014 duraría al menos una generación.
“Nos enfrentamos a un primer ministro que no respeta la democracia, la ley o ninguna de las normas que apuntalan las democracias en la mayoría de los países”, ha denunciado Sturgeon, 24 horas después de que el Gobierno británico publicara una ley que altera unilateralmente los compromisos alcanzados con Bruselas en el Protocolo de Irlanda del Norte.
La líder nacionalista ha presentado este martes uno de los primeros documentos con los que quiere llevar la iniciativa ante los ciudadanos en las explicaciones económicas, políticas o sociales sobre lo que supondría un nuevo intento de alcanzar la independencia. “Hoy estamos más preparados que en 2014″, ha dicho.
La media de los sondeos recientes sugiere un empate práctico entre los partidarios y los detractores de la independencia, pero con un ambiente ligeramente más hostil hacia el Gobierno conservador de Johnson, la batalla por el 20% de indecisos puede resultar clave en una consulta que Sturgeon planea llevar a cabo a finales de 2023.
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