Sudáfrica se encuentra atravesando una intensa ola de violencia xenófoba que ha suscitado alarma en diversas partes del país. El 30 de junio de 2026, miles de manifestantes anti inmigrantes se congregaron en varias ciudades, resultando en al menos cuatro muertes y saqueos generalizados. A medida que el plazo autoimpuesto para la salida de inmigrantes indocumentados expiraba, la tensión se palpaba en el aire.
Las protestas fueron convocadas por el movimiento cívico “March and March”, que exigía la deportación masiva de inmigrantes. En las semanas previas a este evento, más de 25,000 extranjeros ya habían sido deportados o habían huido, marcando un claro sentido de urgencia entre la comunidad migrante. Jacinta Ngobese-Zuma, líder del movimiento, anunció que las movilizaciones se repetirán semanalmente durante los próximos seis meses, intensificando así el clima de tensión.
En Thembisa, un suburbio al norte de Johannesburgo, manifestantes lanzaron piedras a la policía y a presuntos inmigrantes, mientras que en Benoni se reportaron enfrentamientos que llevaron a la policía a responder con disparos. Situaciones similares se vivieron en Soweto, donde grupos de protestantes saquearon viviendas que albergaban a extranjeros. En Pietermaritzburg, los agentes utilizaron balas de goma para dispersar a las multitudes, mientras que, en KwaZulu-Natal, diez personas fueron detenidas por actos de vandalismo.
El ambiente de ansiedad previó una salida masiva de extranjeros. Gobiernos de países como Nigeria, Ghana y Uganda organizaron operaciones de repatriación, mientras que muchos habitantes de Malaui y Mozambique esperaban en centros de acogida para ser trasladados. La situación se tornó crítica en Durban, donde aproximadamente 100 congoleños se encontraron durmiendo en la calle tras ser desalojados por propietarios que temían posibles daños a sus propiedades.
El presidente Cyril Ramaphosa emitió un comunicado rechazando la violencia y la intimidación, aunque también mencionó la necesidad de controles migratorios más estrictos. Según sus palabras, las preocupaciones de los sudafricanos en torno a la inmigración ilegal son legítimas y deben ser escuchadas, pero se debe respetar el derecho de los demás a vivir sin temor.
Desde marzo, las autoridades han abierto 103 casos penales contra grupos de autodefensa que fomentan la xenofobia. Mientras tanto, el ejército y la policía permanecen en alerta, desplegando miles de agentes por el país. Con una población de 64 millones, Sudáfrica alberga aproximadamente 3 millones de inmigrantes, que representan el 4% de la población total. La economía sufre de problemas estructurales, y aunque un tercio de los sudafricanos se encuentra desempleado, los estudios contradicen la idea de que los migrantes son responsables de tales problemas.
Este ambiente de hostilidad hacia los extranjeros no es nuevo; Sudáfrica ha enfrentado brotes de violencia xenófoba en 2008 y 2015, que resultaron en numerosas muertes. La presente agitación se produce en un contexto político tenso, a apenas meses de las elecciones locales del 6 de noviembre, donde el Congreso Nacional Africano (ANC) se enfrenta a posibles pérdidas significativas. Algunas voces políticas han sido acusadas de avivar la retórica antimigrante como una estrategia para ganar votos.
La comunidad internacional también se ha manifestado; el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por los violentos episodios en curso. La situación en Sudáfrica es un indicativo de las complejidades que enfrenta en materia de inmigración y cohesión social, ofreciendo un panorama que merece atención y reflexión global.
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