Dilcia Cano Guerrero, Ana Martínez Guevara, Nilda Guerrero Carrasco y Catalina Adriano Ramírez integran la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba (AMHBA), la cual agrupa a más de 300 socias y asume, actualmente, la vicepresidencia de la Asociación Nacional de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF). Desde el 1 de marzo de 2021, —fecha que se reanudó la Audiencia de Sustentación de Cargos contra el expresidente Alberto Fujimori, sus exministros de Salud y otros funcionarios, por el caso de las esterilizaciones forzadas—, las víctimas se conectaron en línea desde sus comunidades para seguir este proceso.
“Llevamos 25 años sin justicia. Algunas compañeras han fallecido. Hace poco murió por la covid-19 una de las lideresas de nuestra organización, Cleofé Neyra, quien fue ligada, y también era defensora de las lagunas frente a la minera que venía a contaminarlas. Siempre estuvo atenta a la Audiencia hasta que se enfermó. Ahora que la instrucción ya ha terminado esperamos que el juez Martínez tome una decisión a favor de nuestra demanda. Fujimori y todos los acusados tienen que pagar por su delito”, sentencia Dilcia Cano, presidenta de la AMHBA.
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La Audiencia de Sustentación de Cargos es un proceso judicial que ha durado casi cuatro meses, desde marzo hasta el 14 de junio de 2021, tras haber sido postergada tres veces consecutivas. Fue presidida por el juez Rafael Martínez Vargas, quien durante el proceso escuchó los argumentos del fiscal Pablo César Espinoza. Este atribuye la autoría del delito “contra el cuerpo, la vida y la salud en forma de lesiones graves y muerte en agravio” de María Mestanza Chávez y otras personas al expresidente Alberto Fujimori, los ex ministros de Sanidad Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong Motta y exfuncionarios de su gobierno.
“Hemos visto cómo el abogado de Fujimori se burlaba de nuestro sufrimiento y decía que él no es culpable, que los culpables son los médicos. Nosotras bien sabemos que Fujimori ordenó ligar a las mujeres y por eso nos lo hicieron a la fuerza”, explica Ana. “Cada mes subían a nuestros caseríos para llevarnos a operar con mentiras, sin decirnos lo que nos iban hacer. Nos cortaron y nos hicieron una lástima”, agrega Catalina, señalando su vientre. Las secuelas de la esterilización forzada han dejado vidas truncadas en Huancabamba, un distrito en el norte peruano, a más de mil kilómetros de distancia de la capital.
“Estamos empobrecidas, mal de salud, con dolores en todo el cuerpo. Tengo un tumor allí donde me ligaron”, sostiene Dilcia. “Ya no podemos trabajar como antes, dependemos de nuestros esposos, o las hijas o hijos que tuvimos antes de ser ligadas. Otras se han quitado la vida porque sus familias, sus esposos y en sus caseríos las aborrecieron. Les decían que se habían capado para estar con uno y con otro”, explica Nilda. “Todo esto que contamos es nuestra verdad, tal como dice la investigación donde participamos La verdad está en nuestros cuerpos. Estamos cansadas de tanta espera. El juez, que tenga conciencia y dé la orden de enjuiciar a Fujimori”, pide Ana.
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María Esther Mogollón, asesora de AMPAEF y acompañante de estas mujeres desde hace casi 25 años, afirma: “Esperamos que el Juez Rafael Martínez abra finalmente el juicio contra los culpables y tome en cuenta todo lo sustentado en la Audiencia por la Fiscalía y la defensa de las víctimas”. Destaca que el papel de la Fiscalía ha sido “contundente” al mostrar 182 pruebas de convicción contra los responsables. “El caso está compuesto por 1.312 víctimas, muchas quechua hablantes y en condición de pobreza”.
Sigfredo Florián es abogado del Instituto de Defensa Legal, una organización que se involucró en la defensa de 14 agraviadas en el 2015, tras presentar un recurso de queja frente a los continuos archivamientos de la investigación fiscal y lograr nuevamente su apertura. El letrado sostiene que la denuncia presentada por Fiscalía “está bien fundamentada porque evidencia cómo los ministros de Salud informaban a Fujimori sobre el avance de las esterilizaciones entre los años 1995 al 2000. Se trataba de una información de más alto nivel. Soy optimista de que el juez tome la decisión de abrir un proceso penal y que en vía judicial se realicen las diligencias pertinentes con miras a un futuro juicio oral.”
