El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido respaldar la petición de la Administración de Donald Trump para levantar los bloqueos impuestos en tribunales inferiores a su orden ejecutiva destinada a limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esta resolución, emitida el 27 de junio de 2025, representa una victoria significativa para Trump, un líder cuya política se ha centrado en endurecer las regulaciones migratorias.
En concreto, la orden ejecutiva de Trump, que fue firmada en su primer día de mandato, establece que los niños nacidos en EE.UU. no obtendrán la ciudadanía automática si ninguno de sus padres es ciudadano estadounidense o residente legal permanente. Con un fallo de seis votos a favor y tres en contra, el tribunal, de mayoría conservadora, ha decidido revisar las medidas cautelares que frenaban la implementación de la norma, aunque determinaron que esta no podrá entrar en vigor hasta 30 días después de la decisión.
Trump celebró este fallo como una “decisión grande y asombrosa”, considerando que marca una “victoria monumental para la Constitución”, así como para la separación de poderes y el Estado de derecho. La medida no solo afectará la normativa a nivel federal, sino que también se hace eco de un clima general que busca modificar las políticas migratorias existentes.
El impacto inmediato de esta resolución se extiende a tres medidas cautelares de tribunales en Maryland, Massachusetts y el estado de Washington, los cuales habían paralizado temporalmente la orden de Trump al resolver cuestiones de su legalidad. La decisión del tribunal se da en un contexto donde el Supremo ha empezado a allanar el camino para aplicar otras políticas migratorias bajo la Administración Trump, como la reanudación de deportaciones rápidas y la revocación de protecciones humanitarias para muchos migrantes. Sin embargo, en ocasiones, han sido un freno a otras iniciativas, como la deportación de ciertos grupos bajo leyes anteriores.
La discusión en torno al derecho a la ciudadanía por nacimiento, conocido como ‘ius soli’, resalta un debate más amplio en Estados Unidos sobre la condición y los derechos de los hijos nacidos en territorio estadounidense, incluyendo aquellos cuyas madres están en situación migratoria irregular. Este derecho, consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución, ha estado presente desde poco después de la Guerra Civil y coloca a EE.UU. entre los 30 países que lo aplican, muchos de ellos en América, incluidos Canadá y México.
Trump y sus seguidores argumentan que se deben establecer normas más estrictas para la ciudadanía, señalando que los hijos de no ciudadanos no estarían “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos, una interpretación del texto constitucional que los oponentes de la medida cuestionan.
La información presentada corresponde a la fecha de publicación original, el 27 de junio de 2025, y refleja el clima político y social de ese periodo, dejando claro el camino que se ha delineado respecto a la política migratoria en el país.
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