El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tomado una decisión crucial que permitirá a la Administración Trump despojar de protecciones legales temporales a cientos de miles de inmigrantes. Esta resolución podría afectar a casi un millón de personas que se enfrentan a la posibilidad de ser deportadas.
Los magistrados han anulado una orden previa de un tribunal inferior que mantenía la libertad condicional humanitaria para más de 500,000 inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En otra acción, el tribunal ha permitido la revocación del estatus legal temporal para aproximadamente 350,000 migrantes venezolanos.
La Administración Trump, tras el bloqueo de un juez federal de Boston a su propuesta de terminar con estas protecciones, presentó un recurso de urgencia ante el Tribunal Supremo. El juez Ketanji Brown Jackson, en disidencia, subrayó que el impacto de esta orden es lamentable, ya que deja a medio millón de migrantes a la espera de decisiones judiciales mientras enfrentan la posibilidad de perderlo todo. Esta opinión fue respaldada por la juez Sonia Sotomayor.
La juez de distrito Indira Talwani había argumentado anteriormente que la revocación de estas protecciones debería hacerse caso por caso. Su fallo se dio a conocer poco antes de que se llevara a cabo la cancelación de los permisos, y un tribunal de apelaciones se negó a revocar esa decisión.
La reciente orden del Tribunal Supremo no pone fin al caso, pero indica que las protecciones no estarán vigentes mientras se continúan los procedimientos legales, que regresan al Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de EE.UU. en Boston. El Departamento de Justicia ha defendido que estas protecciones siempre fueron temporales y que su anulación puede llevarse a cabo sin la intervención de los tribunales.
La Administración Trump ha argumentado que la gestión de las solicitudes de libertad condicional no requiere un examen individual, alegando que el proceso sería arduo y lentificaría los esfuerzos para proceder con deportaciones. Por otro lado, la administración Biden ha utilizado la libertad condicional humanitaria de manera más amplia que ningún otro presidente, ayudando a 532,000 personas que llegaron a EE. UU. con patrocinadores financieros debido a condiciones de inestabilidad y peligro en sus países de origen.
Este evento representa lo que muchos abogados de inmigrantes han calificado como la mayor revocación masiva de libertad condicional humanitaria en la historia reciente de Estados Unidos. La situación es parte de un patrón más amplio de apelaciones de emergencia relacionadas con la inmigración presentadas por la Administración Trump ante la Corte Suprema.
En otros casos, el tribunal ha mostrado su preferencia por las políticas de Trump, como en el caso de la lenta deportación de venezolanos, que se realiza bajo una ley histórica. La administración, durante su mandato, ha prometido desmantelar políticas implementadas por la Administración Biden que ofrecieron vías para que los inmigrantes vivieran legalmente en el país.
Esta información fue publicada el 30 de mayo de 2025 y reflejaba la situación en ese momento.
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