Suspensión de derechos por violencia, edad mínima para ocupar cargos públicos, expulsión justificada a extranjeros y prisión preventiva oficiosa, son las reformas aprobadas a la Constitución Política, aprobadas por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales.
El primer dictamen se aprobó con 33 votos a favor y tres abstenciones, referente a la suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, esto por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
También, por violencia familiar, equiparada o doméstica y violación a la intimidad; por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Asimismo, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, y en los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Dicho dictamen tiene antecedentes desde pasadas legislaturas, es una sanción de carácter constitucional, para cualquier persona, sea hombre o mujer, que incurra en conductas de actividades de violencia y de delitos que afecten la vida e integridad de las personas.
La diputada Aleida Alavez Ruiz del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que es una iniciativa elaborada de manera plural, para dejar en claro que el Estado debe poner cartas sobre la violencia contra las mujeres y asumir que es un problema generalizado y que no se excluye a ningún poder; se norma que ningún agresor acceda a la función o servicios públicos e incluye a la persona deudora alimentaria morosa.
Por su parte, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), resaltó la idoneidad e ilegibilidad de cualquier persona que aspire a un cargo público. “Se le llama tres de tres porque aborda el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y es tres de tres, porque va desde ámbito federal, estatal y municipal”:
La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres Partido Acción Nacional (PAN) argumentó que la sociedad civil recogió preocupaciones en la materia “haciendo hincapié en que una persona agresora en el ámbito privado, también lo es en el público; se deben poner límites; contempla la perspectiva de la familia al incluir a los deudores alimentarios y abona a los derechos de las mujeres”.
El diputado Salvador Caro Cabrera de Movimiento Ciudadano (MC) mencionó que hoy se da un paso positivo a favor de las mujeres y de sus hijos, cuando sufren violencia económica. Resaltó el trabajo de las organizaciones y del grupo plural para impulsar estas reformas, ya que el tema de proteger a las familias es sumamente relevante.
Asimismo, Lilia Aguilar Gil del Partido del Tabajo (PT) resaltó que el dictamen no solo es un avance para las mujeres, sino para la sociedad, para que los agresores, sean mujeres u hombres, no lleguen a puestos de representación, del servicio público o tomen decisiones.
Del mismo modo, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó también, en lo general y en lo particular, con 34 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma los artículos 55 y 91 de la Carta Magna, en materia de edad mínima para ocupar cargos públicos.
Con ello, se modifica el requisito etario distinto de mayoría de edad para ser diputada o diputado federal, se reduce de 21 a 18 años, así como bajar de 30 a 25 años, la edad para ser titular de una secretaría de Estado del Poder Ejecutivo.
El diputado Salvador Caro Cabrera (MC) mencionó que en la Cámara de Diputados se tienen talentos que representan a la juventud y que hacen bien su trabajo; en el mundo, también hay ejemplos de liderazgo; sin embargo, dijo, hay amenazas para controlar la edad y a los llamados junior “por el pago de favores”.
Por último, con 23 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones, la misma comisión aprobó reforma al artículo 33 de la Constitución Política, en materia de libre manifestación de las ideas y expulsión justificada de extranjeros.
Se menciona que son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional (mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización) y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce la Constitución Política, por lo que queda garantizado su derecho a la libre manifestación de las ideas.
La modificación se hizo al párrafo tercero del artículo 33 de la Carta Magna, para que la ley establezca los límites de la participación de los extranjeros en los asuntos políticos del país.
Al presentar la reserva, la diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) argumentó que es una reforma de gran calado, al ampliar los derechos de la libre manifestación de los extranjeros.
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