Bajo el T-MEC, la explotación del litio adquiere mayor importancia, ya que se debe asegurar una cadena de suministro en Norteamérica. Por tanto, es fundamental promover una alianza en América del Norte en la cual predominen iniciativas innovadoras y responsables en beneficio de las comunidades de los tres países.
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Para el profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte (ColeF), José María Ramos García, incentivar la exploración del litio bajo una responsabilidad compartida, esto es en inversiones, energía sustentable y desarrollo comunitario.
Recordó que se estima que en tres años, los vehículos fabricados en México, Estados Unidos y Canadá, deberán tener al menos un 75% de sus componentes producidos bajo el T-MEC, con la finalidad de comercializar libres de aranceles.
Y el futuro de la industria de los autos eléctricos como una opción al uso de los combustibles fósiles se vincula con las baterías de litio.
Su apuesta se asocia a los efectos del cambio climático y al reemplazo progresivo de los combustibles fósiles como parte de una política energética sustentable.
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Para ello, considera el académico de El ColeF, es estratégico promover un eficaz liderazgo gubernamental, un marco regulatorio claro, una colaboración público-privada transparente y acciones transversales en investigación, desarrollo y gestión del conocimiento, evitando prácticas anticorrupción.
Afirmó: “La sostenibilidad de la relación México-EU en el presente y futuro inmediato, estará sujeta a gestionar la asimetría y la interdependencia mediante una eficaz gobernanza que impacte en beneficio de las sociedades y reduzca las desigualdades”.
Comentó que la actual coyuntura de la relación bilateral se caracteriza por algunas diferencias con el gobierno de Estados Unidos, en especial respecto a la propuesta de reforma energética del gobierno de México, que abonan a la necesidad de comprender las prioridades mexicanas: la soberanía, autosuficiencia energética, interés público, combate a la corrupción, transparencia y estado de derecho.
Esta agenda plantea espacios de diálogo y diferencias que forman parte de un nuevo período en la relación con Estados Unidos. Y el reto es llegar a acuerdos en función de las prioridades nacionales con respeto a los niveles de desarrollo diferenciados y según el estado de derecho: legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
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