Cuando se habla del consumo de cigarros, la mayoría de las personas tiende a enfocarse en sus efectos perjudiciales para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el tabaquismo es responsable de un alarmante 25% de las muertes por cáncer a nivel global, afectando especialmente los pulmones, la tráquea, y otros órganos como el colon y la vejiga. Además, el tabaquismo incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes, lo que ha llevado a muchos países a implementar impuestos al tabaco para desincentivar su consumo. Sin embargo, las repercusiones del tabaco no se limitan al ámbito de la salud humana; también tienen un impacto significativo en el medio ambiente.
Desde su cultivo hasta su desecho, el tabaco tiene un ciclo de vida que causa seriosos daños ecológicos. Durante el cultivo, se fomenta la deforestación y se requiere un uso intensivo de fertilizantes y pesticidas, aumentando las emisiones de carbono. También se necesita un alto consumo de agua y un adecuado manejo de los residuos agrícolas para evitar la degradación del suelo. Sin embargo, el daño más visible y preocupante se produce a través de las colillas. La OMS informa que una sola colilla puede tardar hasta 10 años en degradarse, representando entre el 30% y el 40% de los residuos recogidos en limpiezas urbanas y costeras. Estos residuos, generalmente compuestos de un filtro de acetato de celulosa, un tipo de plástico, no solo se descomponen lentamente, sino que también liberan sustancias tóxicas en ecosistemas acuáticos.
Para mitigar estos daños, varios gobiernos han implementado el principio de Responsabilidad Extendida del Productor. Este principio obliga a los fabricantes a asumir una parte de los costos asociados con los residuos que producen. En Francia, por ejemplo, se creó en 2021 el eco-organismo Alcome para recaudar contribuciones ecológicas de los cigarrillos vendidos. Este organismo impone una tarifa que ronda los 2.84 euros (más IVA) por cada 1,000 cigarrillos, ofreciendo un 50% de descuento a quienes utilicen filtros sin plástico. Además, el esquema exige a la industria financiar la instalación de infraestructura adecuada, como ceniceros, y campañas de concientización.
Los recursos recaudados son transferidos a los municipios mediante convenios que permiten financiar la limpieza de espacios públicos, parques y playas. Aunque el costo recae en la industria, este se transfiere al consumidor, generando una recaudación estimada de unos 80 millones de euros anuales, equivalentes a alrededor de 1,600 millones de pesos.
Alemania ha adoptado un enfoque diferente mediante la Ley del Fondo para Plásticos de Un Solo Uso, que entra en vigor en 2024. Este mecanismo grava a los filtros que utilizan plástico de un solo uso, estableciendo una cuota de 8.97 euros por kilogramo. Los recursos, administrados por la Agencia Federal de Medio Ambiente, se redistribuyen entre los municipios según las labores de saneamiento que realicen.
Estos modelos evidencian estrategias institucionales y fiscales que pueden responsabilizar a los fabricantes de cigarrillos por los efectos ambientales de sus productos. En México, es crucial que se considere implementar una política integral que no solo busque una mayor recaudación fiscal, sino que también financie campañas de concientización y fomente el uso de materiales biodegradables en los filtros de cigarrillos. La integración del principio de Responsabilidad Extendida del Productor debería ser una prioridad en la agenda legislativa, propiciando un debate significativo que derive en acciones concretas.
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