Según información del Instituto Nacional de Migración (INM) y Fiscalía General de la República (FGR) entre 2017 y junio pasado 33 personas fueron sentenciadas por el delito de tráfico de migrantes. Las sentencias fueron de entre ocho y 12 años debido a que pusieron en riesgo la vida de migrantes que se dirigían sin documentos migratorios a Estados Unidos.
En este año, el número de carpetas de investigación por tráfico de personas aumentó en el país al pasar de 561 en 2020 a mil 534 hasta octubre. Mientras que un total de 479 personas fueron detenidas por su presunta participación en el tráfico de migrantes en lo que va de 2021.
La mayoría de las detenciones de traficantes de personas en este año ocurrieron en Veracruz, estado en el que además, fueron rescatados el mayor número de migrantes, con un total de seis mil 877.
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Tamaulipas es el segundo estado del país con más migrantes salvados de los traficantes con seis mil 316, seguido por Nuevo León, donde cinco mil 695 indocumentados fueron rescatados de las garras de los polleros que, en muchos casos, mantienen a los migrantes hacinados en pequeños cuartos hasta que ven la oportunidad para cruzarlos a Estados Unidos.
Según el INM, se identificó que los traslados de manera habitual, por parte de los polleros se llevan a cabo en vehículos no aptos para el transporte de pasajeros, por lo que al estar en condiciones de hacinamiento, carecer de alimentación, agua y ventilación, la integridad física de las personas se pone en riesgo.
Asimismo, advierte que subestimar el peligro potencial del contrabando humano puede tener consecuencias mortales, por lo que hace un llamado a los gobiernos de México y Centroamérica para aumentar la cooperación contra las redes de traficantes que operan de manera coordinada en por lo menos seis países (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Brasil y Venezuela).
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El caso más reciente de lo mortal que resulta el tráfico ilegal de migrantes ocurrió la semana pasada en Chiapas, cuando un tráiler que transportaba a extranjeros tuvo un accidente dejando de saldo a 56 muertos y decenas de heridos.
Tras la tragedia, México se comprometió con los gobiernos de Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana, Guatemala y Nicaragua a dar con los responsables de la red de traficantes de personas que provocaron el accidente para llevarlos ante la justicia, por lo que crearon una Red para tal fin.
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