La política arancelaria de Estados Unidos ha cobrado un nuevo impulso tras la reciente decisión de la Suprema Corte, que representa un duro golpe para el expresidente Donald Trump. En una votación donde incluso dos de los magistrados que él mismo nominó se manifestaron en su contra, la Corte anuló los aranceles que su administración había implementado en “Liberation Day”, en abril pasado. Esta decisión plantea preguntas cruciales sobre el futuro de la política económica y sus repercusiones, especialmente para México, un país que se beneficia del acceso preferencial al mercado estadounidense.
El fallo se centró en la interpretación de la ley IEEPA, que, según la Corte, no otorga al presidente la potestad de imponer aranceles sin limitaciones en tasa, monto o duración; tal facultad corresponde al Congreso. Este hecho implica que alrededor de 142,000 millones de dólares que ya han sido recaudados bajo esta normativa se encuentran en un limbo legal, ya que la posibilidad de que las empresas demanden reembolsos podría llevar años en resolver.
Ante esta situación, Trump no tardó en responder. Utilizando la Sección 122 del Trade Act de 1974, anunció un arancel global del 10%, el cual fue incrementado al 15% poco después, alcanzando el límite establecido por la ley. Sin embargo, cabe resaltar que este arancel tiene una vigencia de solo 150 días, lo que significa que expirará el 24 de julio de 2026. Para renovarlo, necesitaría la aprobación del mismo Congreso que previamente desautorizó la aplicación de la IEEPA.
Para México, la noticia trae consigo un alivio parcial. Los bienes que cumplen con las regulaciones del T-MEC están exentos, al igual que las importaciones de energía, productos farmacéuticos, minerales críticos, y ciertos productos como el acero y el aluminio, que ya enfrentan tasas bajo la Sección 232. Aunque la actual tasa arancelaria efectiva promedio se sitúa en aproximadamente 13%, la más alta desde 1946, el panorama inmediato se muestra favorable para las exportaciones mexicanas, que en un 85% cumplen con las normas de origen del T-MEC y disfrutan de una tasa arancelaria cerca del 4.6%. Comparativamente, la Unión Europea paga un 15% y China un 37%.
Sin embargo, el futuro presenta desafíos. Julio de 2026 se posiciona como una fecha clave, ya que la revisión del T-MEC coincide con la expiración de la Sección 122. Esto podría convertirse en un punto crítico para las relaciones comerciales en un contexto donde se anticipan investigaciones bajo las Secciones 201 y 301, que son instrumentos que podría utilizar la administración para imponer aranceles más permanentes en caso de que la renegociación no dé los resultados deseados.
La Corte ha limitado las manos de Trump, pero su búsqueda de nuevas estrategias comerciales es evidente. Para México, el T-MEC se mantiene como el mejor recurso para enfrentar esta incertidumbre, aunque la exención actual no debe considerarse un derecho inamovible. La renovación de estas condiciones vendrá con un precio a negociar en el futuro. La pregunta que queda por responder es si México está preparado para hacerlo.
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