Irán.- El Ministerio de Asuntos Exteriores ha reiterado de nuevo este lunes la existencia de una conspiración extranjera como origen de las protestas que ya duran más de tres meses en Irán, después de que este domingo la Guardia Revolucionaria detuviera a siete personas, entre ellas, hay un número no precisado de ciudadanos con doble nacionalidad iraní y británica. Al ser interrogado el portavoz del Ministerio, Nasser Kanaani, ha asegurado que Londres desempeña un “papel destructivo” en la actual oleada de descontento popular, cuya mecha fue la muerte bajo custodia policial, el 16 de septiembre, de la joven de 22 años Mahsa Amini, detenida por dejar ver parte de su cabello bajo el velo.
“Algunos países, especialmente el que usted ha mencionado [Reino Unido], han desempeñado un papel poco constructivo en los recientes acontecimientos en Irán. Su papel ha sido totalmente destructivo e incitado los disturbios”, criticó Kanaani.
En el comunicado del domingo de la Guardia Revolucionaria —la organización paramilitar cuyo objetivo es proteger al régimen iraní— presentaba a esas siete personas como “líderes principales de las recientes protestas”, se afirmaba que algunos de ellos tenían doble nacionalidad y se aseguraba que habían sido detenidos por los servicios de inteligencia de la fuerza paramilitar cuando trataban de abandonar el país. No han trascendido otros datos sobre quiénes son esos siete iraníes vinculados con el Reino Unido. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha anunciado que está tratando de buscar más información sobre ellos.
Irán mantiene encarcelados a decenas de ciudadanos de la Unión Europea y de otros países occidentales, entre ellos, dos españoles, el madrileño Santiago Sánchez, de 41 años, arrestado el 2 de octubre, y la gallega de 24 años Ana Baneira, cuya detención se conoció el 10 de noviembre.
Fuentes diplomáticas europeas no tienen duda de que las acusaciones contra los europeos detenidos son casi siempre falsas y que se trata de “rehenes con los que Teherán presiona para frenar la imposición de sanciones”; por las violaciones de derechos humanos o por el suministro por parte de Irán de los drones que usa Rusia para atacar Ucrania.
Desde el inicio de unas protestas que los analistas consideran uno de los mayores desafíos, si no el mayor, de la historia de la República Islámica instaurada por el ayatolá Jomeini en 1979, Teherán ha detenido a más occidentales y, sobre todo, reprimido con enorme dureza a su propia población, mientras culpaba a Occidente, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí de orquestar unas protestas en las que las mujeres y los jóvenes están teniendo gran protagonismo. Según la organización iraní de derechos humanos en el exilio, HRANA, hasta el domingo habían muerto 507 manifestantes, entre ellos 69 menores, en las protestas. Esta organización calcula que más de 18.500 manifestantes han sido detenidos.
Los ejecutados en la horca
Tras las ejecuciones a principios de diciembre de Mohsen Shekari y Majid Reza Rahnavard, ambos de 23 años, este fin de semana se confirmó que otro manifestante, Mohammad Qabadlo, de 22 años, será ejecutado en la horca, condenado por graves delitos de los que él se declara inocente. La semana pasada, los medios oficiales iraníes habían informado de que el Tribunal Supremo del país había aceptado el recurso de este joven y del rapero de origen kurdo Saman Seydi Yasin, conocido por aludir en sus letras a la desigualdad, la opresión y el desempleo. En un comunicado posterior, la agencia de noticias propagandística del poder judicial iraní, Mizan News, precisó que solo se había aceptado la apelación de Yasin, cuyo juicio tendrá que ser repetido.
Mohammad Qabadloo fue acusado de matar a un agente de policía y herir a otros cinco durante las protestas, algo que él niega. Su abogado ha denunciado que ni siquiera pudo entrar en la sala donde se celebraron las audiencias del juicio de su cliente. Según la ONG iraní Iran Human Rights, este joven fue juzgado en primera instancia por un tribunal revolucionario presidido por el juez Abolqasem Salavati, a quien las organizaciones de derechos humanos iraníes llaman “el juez de la horca” por la cantidad de penas capitales que han salido de su puño y letra. Salavati llegó a condenar a muerte por herejía a un hombre de 37 años, en septiembre de 2014, por definir el mito de Jonás y la ballena, que también recoge el Corán, como “una alegoría”.
Amnistía Internacional ha alertado de que las autoridades iraníes han pedido ya la pena de muerte para al menos otras 26 personas durante lo que la organización califica de “juicios falsos concebidos para intimidar a quienes participan en el levantamiento popular”.
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