Carlos Agudo, farmacéutico de 35 años que ejerce en Jaén, es uno de los 1,5 millones de trabajadores esenciales menores de 60 años que recibió la primera dosis de AstraZeneca (comercializada como Vaxzevria) y que ahora se encuentra en una situación que “nunca habría imaginado”. El próximo jueves tiene cita para la segunda dosis y aunque se inclina por completar la pauta con el mismo suero, el consentimiento informado que deberá firmar y la opción abierta de recibir el pinchazo de Pfizer-BioNTech (comercializado como Comirnaty) siguen dando vueltas por su cabeza. “Con tantos vaivenes, nos están haciendo dudar hasta a nosotros, que somos profesionales sanitarios. No quiero ni pensar en los profesores y otros que están en la misma situación”, reflexiona.
Sí, aunque esta posibilidad solo afecta a los profesionales esenciales menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, que ha sido relacionada con casos muy infrecuentes, pero graves, de trombosis. El Ministerio de Sanidad y varias comunidades, sin embargo, evitan presentar esta disyuntiva como una elección. La razón es no romper uno de los principios básicos de la estrategia de inmunización en España: la vacuna no se elige y cada ciudadano recibe la que se le ofrece. Es por esto que el proceso se presenta formalmente como dos pasos sucesivos. En el primero, el ciudadano rechaza recibir la segunda dosis de Pfizer, que es la que ahora le da de entrada el sistema sanitario. En el segundo, y como mal menor ante el riesgo de que la persona no complete la pauta vacunal, se le ofrece una segunda dosis de AstraZeneca y el ciudadano la acepta firmando un consentimiento informado en el que admite estar al tanto del riesgo de trombos.
“Mi opción y la de muchos compañeros es la de seguir con AstraZeneca porque eso es lo que dice la ficha técnica de la vacuna”, afirma. “Aunque, claro, entonces sorprende que tengamos que firmar un consentimiento informado que, si lo lees, parece hecho para disuadir. Y se entiende aún menos cuando sabes que el riesgo de trombos es mucho menor en la segunda dosis que en la primera”, sigue Agudo, que acaba con una recomendación: “En todo caso, hay que vacunarse. Todos debemos hacerlo. Que nadie se quede en casa por todos estos cambios”.
Es la decisión adoptada por Sanidad y las comunidades el pasado martes en una Comisión de Salud Pública muy dividida y que fue avalada el viernes por el Comité de Bioética de España. La mayoría de expertos, sin embargo, no le ven mucho sentido. “No se pide con ninguna otra vacuna y es la segunda dosis de una vacuna aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), así que pedirlo es transmitir al ciudadano que asume un riesgo fuera de lo común, cuando no es así”, critica Quique Bassat, epidemiólogo e investigador ICREA del instituto ISGlobal (Barcelona). El presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, defendió el pasado viernes que el consentimiento estaba justificado porque “la ley dice que cuando pueda haber riesgos con graves consecuencias se debe informar por escrito, mientras si son leves o moderadas se puede hacer verbalmente”. Algunas comunidades, sin embargo, han mostrado su intención de salirse del guion marcado por Sanidad. Galicia anunció el viernes que también hará firmar un consentimiento a quienes opten por Pfizer, mientras Andalucía —que también tendrá un documento preparado para cada vacuna— asegura que no obligará a firmarlo si el ciudadano, pese a recibir el pinchazo, no quiere. Su argumento es que, al haber acudido de forma voluntaria a la cita, se entiende que está de acuerdo con la vacunación y como tal será registrado por los profesionales sanitarios. El Ministerio de Sanidad, por su parte, recuerda que todos los acuerdos como el alcanzado sobre la segunda dosis son de “obligado cumplimiento” que lo importante ahora es generar generar confianza entre los ciudadanos y que la mejor forma de hacerlo es “cumplir” lo acordado.
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