En un reciente pronunciamiento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha aclarado la capacidad del Instituto Nacional Electoral (INE) en el contexto del recuento de votos durante la elección judicial. En un fallo dividido, el pleno del TEPJF aprobó un proyecto presentado por el magistrado Felipe Fuentes Barrera, el cual establece que el INE no posee facultades para conducir un recuento de votos en un ámbito administrativo. No obstante, esta decisión no descarta la posibilidad de que el TEPJF pueda ordenar un recuento en situaciones específicas.
El magistrado Fuentes Barrera subrayó que la reforma judicial vigente no contempla medidas que habiliten al INE para llevar a cabo un recuento administrativo. Sin embargo, enfatizó que el TEPJF, como máximo tribunal en materia electoral, conserva la prerrogativa de solicitar un recuento en jurisdicción, especialmente cuando existan alegaciones concretas sobre irregularidades en el cómputo.
En este sentido, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón argumentó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales permite la realización de recuentos en procesos electorales, incluida la elección judicial. Resaltó que el INE podría actuar en este sentido, sujeto a ciertos supuestos.
“La figura del recuento debe regirse por las mismas normas previstas para las elecciones ordinarias, salvo que la Sala Superior cree otras reglas”, sostuvo el magistrado Reyes Rodríguez. Su declaración subraya la complejidad legal que rodea la posibilidad de un recuento y sugiere que, aunque el INE no tiene esta facultad de manera directa, sí existe la posibilidad de que se autorice en algunos escenarios.
Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña reforzó que actualmente no hay una norma que permita un recuento en la sede administrativa, enfatizando la necesidad de una estructura clara y bien definida para abordar tales pedidos.
Este diálogo en el TEPJF pone de relieve la delicada intersección entre la ley electoral y la justicia, así como la importancia de establecer un marco que garantice la transparencia y legitimidad en los procesos electorales. La información contenida en este análisis corresponde a la fecha de publicación original (2025-07-03 00:34:00).
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