En los últimos siete años, México ha sido testigo del desmantelamiento sistemático de los contrapesos en el ejercicio del poder, especialmente durante la administración de López. La falta de una mayoría calificada en el Congreso y un Poder Judicial independiente le han llevado a atacar y debilitar a las instituciones que servían como freno a su autoridad. Este ataque se ha manifestado de múltiples formas: recortes presupuestales, organizaciones gubernamentales incompletas, e incluso la captura de organismos clave como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Un hito significativo en este proceso fue la captura del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), lo que facilitó a Morena, junto con aliados como el PVEM y el PT, obtener una mayoría calificada que, en términos constitucionales, no deberían tener. Este control les ha permitido implementar reformas que han desmantelado los órganos autónomos como el IFT, Cofece e INAI, así como modificar el marco judicial, que ha llevado a una severa subyugación de la independencia judicial.
Actualmente, la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado al Congreso una iniciativa de reforma política, que, de ser aprobada, consolidaría aún más la mayoría de Morena, llevando al país hacia un sistema de partido hegemónico. Este hecho puede ser interpretado como el fin de una democracia liberal en favor de un autoritarismo más severo.
Desde el poder, se justifica esta serie de reformas con la falacia de que son necesarias porque así lo ha demandado el “pueblo”, un argumento que carece de fundamento. La narrativa de un “dictador benevolente” se presenta como un ideal en el que el líder tiene el conocimiento necesario para actuar en beneficio de la comunidad. Sin embargo, este modelo no se sostiene ante la realidad del país, donde la certeza jurídica es escasa y las reglas del juego son constantemente alteradas.
La ineficiencia en la definición de derechos de propiedad, un componente clave de una economía de mercado, se ve agravada por la interferencia del gobierno en la provisión de bienes. Esta situación crea un entorno en el que la asignación de recursos se vuelve subóptima y amenaza con transformar la economía en un sistema donde un selecto grupo de empresas se beneficia de decisiones arbitrarias.
Con un sistema que presenta múltiples incertidumbres y una definición poco clara de los derechos privados, las posibilidades de maximizar el bienestar social se ven comprometidas. El crecimiento económico, que debería ser el resultado de un entorno competitivo y estable, se encuentra en peligro.
Con el fin de recordar que, como concluyó Winston Churchill, “la democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás”, es fundamental cuestionar si realmente es viable la noción de un “dictador benevolente”. A medida que nos alejamos de los principios democráticos, la necesidad de una reflexión profunda sobre el futuro del país se hace cada vez más urgente.
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