Se llama Steve Simon y no se ha andado con medias tintas. La Asociación Mundial de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés), entidad que preside desde octubre de 2015, ha plantado cara al Gobierno chino sin rodeos anunciando “la inmediata suspensión de todos los torneos de la WTA en China, incluidos los de Hong Kong”. La drástica decisión se ha tomado en respuesta a la desaparición del ámbito público de la tenista Peng Shuai, de 35 años, y a los aparentemente vagos esfuerzos de Pekín por llevar a cabo una “investigación transparente y sin censura” sobre su acusación de violación contra el exviceprimer ministro chino Zhang Gaoli, de 79. La determinación del directivo estadounidense de la WTA al decantarse por la alternativa más radical pese al previsible coste económico —China acoge nueve torneos del circuito femenino de tenis, incluida la Copa de Maestras y otros dos de la categoría más alta—, le ha ganado el respeto y admiración de muchos.
La cancelación de las nueve competiciones supondrá una pérdida de unos 88 millones de euros para la WTA. Pero a la vez pone en jaque al gigante asiático ante el deporte mundial por un escándalo de abusos sexuales que ha provocado un movimiento de protesta y repulsa en todo el mundo. El lema ¿Dónde está Peng Shuai? se ha extendido por el planeta ante el temor de que la tenista haya sido coaccionada por el Gobierno chino ante sus acusaciones.
El escándalo ha subido de temperatura justo a tan solo dos meses de que Pekín haga historia al convertirse en la primera ciudad del mundo en albergar Juegos Olímpicos de verano (2008) y de invierno (del 4 al 20 de febrero próximos), en un alarde de nieve artificial fabricada bombeando agua de lagos cercanos con prácticas muy alejadas de las que exige la lucha contra el calentamiento global y los compromisos de reducción de emisiones.
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En ese escenario, en el que también influye la presencia del gigante de las ventas por Internet Alibabá, y sus 715 millones de euros, como uno de sus principales patrocinadores, el Comité Olímpico Internacional (COI) pretende rebajar el ruido sobre el caso de Peng Shuai, con la que ha contactado por videoconferencia en dos ocasiones (vía de comunicación no alcanzada por la WTA) para asegurar que está “sana y salva”, pero no ha podido evitar que el caso salpique al propio organismo y a su política de diplomacia silenciosa y discreta, alejada del ruido mediático.
De acuerdo con el mensaje publicado en su página web ayer, la organización confirmó que la tenista se encuentra bien y que el presidente olímpico, Thomas Bach, se ha citado con ella para una reunión presencial en enero.
La cancelación de los Juegos Olímpicos no es una opción que el Gobierno chino contemple, y mucho menos el COI, en horas bajas tras la debacle financiera que supuso la postergación de Tokio 2020 por la pandemia. El presupuesto para Pekín 2022 ronda los 3.500 millones de euros, una décima parte de los astronómicos 35.000 millones desembolsados para la cita olímpica de 2008. Pero no pocos analistas se inclinan a pensar que estos cálculos vienen dictados desde la cúpula y que, en efecto, el gasto ha sido muy superior, sobre todo a raíz de los últimos ajustes para controlar cualquier atisbo de rebrote del coronavirus.
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China se ha convertido en el último cuarto de siglo en la gallina de los huevos de oro cuando de organizar eventos deportivos se trata: nueve torneos por temporada del circuito femenino de tenis y cuatro del circuito masculino; un Gran Premio de F-1 en Shanghái desde hace 17 años, con contrato hasta 2025; partidos amistosos de los conjuntos ingleses de fútbol; un Mundial de natación en 2011; Mundial de atletismo, en 2015; un Mundial de baloncesto, en 2019; encuentros de pretemporada de la NBA, que tiene una oficina en China desde 2008… Además, firmar enormes contratos por los derechos televisivos, como los 300 millones de la Premier League con un canal de streaming, dispara el número de aficionados en Columna Digital asiático y engorda el mercado.
Sin embargo, algunos de estos negocios no han estado, como ahora, exentos de polémicas. La NBA estima que solo en la temporada 2019-2020 perdió unos 353 millones de euros después de que la cadena de televisión estatal CCTV cancelase la emisión de prácticamente todos los partidos de la liga. La razón, un tuit de Daryl Morey, entonces directivo de los Houston Rockets y ahora de los Philadelphia 76ers, mostrando su apoyo a las protestas de Hong Kong. La NBA volvió a China después de que el gigante digital Tencent firmase un acuerdo valorado en 1.322 millones de euros para emitir durante cinco años los partidos, aunque la transmisión de los encuentros de los Rockets y los Sixers sigue ausente del menú. La última franquicia damnificada ha sido Boston Celtics después de que el pívot turco Enes Kanter publicara un vídeo en Twitter en el que pedía la liberación de Tíbet.
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La tolerancia mínima a las críticas ha primado en el modus operandi de las autoridades chinas, que no han titubeado al actuar de manera ejemplarizante frente a acciones que consideran intromisiones en sus asuntos internos. El caso de Peng se ha abordado con el mismo hermetismo con el que se trataron escándalos de otras estrellas deportivas, como el nadador Sun Yang, acusado de dopaje, aunque la tenista no ha recibido el apoyo con el que contó Yang por parte de la maquinaria propagandística.
La Asociación de Tenis de China mostró ayer su “firme indignación y oposición” a la decisión de la WTA, a la que acusa de actuar según una “información falsa”. Mientras, la sombra del caso de Peng Shuai sigue extendiéndose.
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