El abogado británico Karim Khan, de 50 años, toma posesión este miércoles de su cargo como nuevo fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI). Le entrega el testigo la jurista gambiana Fatou Bensouda, que ha cumplido su mandato de nueve años y ha hecho bandera de la lucha contra los delitos sexuales y de género. A Khan le aguarda, entre otras, la investigación de presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, e igual tarea en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.
Ambos casos cuentan con el rechazo de Estados Unidos e Israel y él deberá emplearse a fondo para evitar presiones políticas. También necesitará buscar el apoyo de la comunidad internacional para que no se pierdan las peticiones de auxilio de las víctimas por falta de visibilidad y presupuesto de la propia corte.
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En su despedida, Bensouda, de 60 años, dijo que había hecho lo posible por apoyarse “solo en la ley, sin miedos ni favores”. Karim Khan fue elegido el pasado febrero en Nueva York, en segunda ronda, con los votos de 72 de los 123 Estados miembro del TPI.
Llega de dirigir el grupo encargado por Naciones Unidas de investigar los crímenes perpetrados por Estado Islámico contra la minoría yazidí en el norte de Irak.
Una labor que concluyó este mayo con la presentación de un informe ante el Consejo de Seguridad, donde aseguró que “hay pruebas convincentes de que se cometió un genocidio contra los yazidíes, con crímenes horrorosos que rompen el alma”.
Ahora afronta el reto de inspirar confianza y credibilidad en la Fiscalía, donde un grupo independiente de expertos ha constatado un ambiente de acoso e intimidación.
Khan conoce a fondo el TPI porque en sus salas de vistas defendió al exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba, y al vicepresidente keniano William Ruto, y ha representado a Saif el Islam.
Bensouda deja sobre la mesa del nuevo fiscal dos asuntos relativos a minorías musulmanas perseguidas que él deberá evaluar. Se trata, por un lado, de las denuncias de crímenes contra los rohingyá, deportados a Bangladés desde Myanmar, país que no forma parte del tribunal. Bangladés sí lo es, y de ahí que los jueces autorizasen en 2018. La primera fase de lo que puede convertirse en un caso durante su mandato.
La suerte de los uigures, en China, es el otro expediente. China tampoco es miembro del TPI, y aunque la fiscalía carece de competencias para investigar la represión sufrida por este grupo en suelo chino. La fiscal saliente indicó en 2020 que mantendría abierto el dosier a la espera de recibir más datos.
