En el mundo actual, muchos gobiernos se esfuerzan por alcanzar una mayor justicia social, y existen principalmente dos enfoques dentro de la política social para lograrlo. El primero se centra en una “equidad de resultados”, donde el objetivo es mejorar la equidad de ingresos a través de ayudas y transferencias presupuestarias. El segundo enfoque propone una “movilidad social”, creando oportunidades para que las personas puedan avanzar, sin importar sus circunstancias iniciales.
En el marco de la equidad de resultados, se destacan instrumentos como la redistribución de ingresos de los grupos de mayores rentas a los de menores, apoyados generalmente por medidas administrativas como salarios mínimos obligatorios. Estas intervenciones producen resultados rápidos, especialmente cuando los recursos se distribuyen sin condiciones estrictas. Como resultado, la pobreza puede disminuir de forma ágil, convirtiéndose en una estrategia políticamente favorable.
Por otro lado, la movilidad social se busca mediante políticas que, a mediano y largo plazo, fomenten el capital humano a través de educación de calidad, salud, seguridad pública e infraestructura. La idea central aquí es que el origen de las dificultades económicas no debería determinar el futuro de los individuos. Este enfoque, que premia el esfuerzo personal y la dignidad, presenta desafíos en su implementación y genera resultados menos inmediatos, lo que lo hace menos atractivo políticamente.
En el contexto mexicano, programas como Solidaridad y las transferencias condicionadas (Progresa, Oportunidades, Prospera) han intentado reducir la pobreza al mismo tiempo que promueven la movilidad social. Sin embargo, en tiempos recientes, se han implementado programas de transferencias de efectivo casi sin condiciones, así como aumentos en el salario mínimo, sin una correlación clara con la productividad.
Un enfoque quizás más efectivo podría ser una combinación de ayudas dirigidas a las poblaciones más vulnerables, como las personas en pobreza extrema y los adultos mayores en pobreza moderada, junto con recursos robustos para educación, salud, seguridad e infraestructura. Esto ayudaría a estimular la movilidad social y a incentivar el esfuerzo y la superación personal.
Sin embargo, la actual administración ha optado predominantemente por ayudas y transferencias, lo cual es evidente al observar el cambio en la asignación del gasto público. Entre 2019 y 2024, el gasto federal en seguridad pública, salud y educación disminuyó del 32.6% al 27.4% del total, mientras que la protección social (donde se ubican la mayoría de los programas sociales) aumentó del 21.8% al 32%. Esta redistribución incluye la reclasificación del gasto en becas educativas casi sin condiciones como parte de la protección social.
Además, se ha visto una notable reducción en la inversión física de los estados, con un decremento del 19% en la misma categoría y caídas en las transferencias federales para seguridad pública (-38%) y salud (-22%). Solo se observó un aumento marginal en educación (1%), lo que refuerza que la actual administración prioriza las ayudas por encima de la movilidad social.
La situación actual indica que las estrategias implementadas podrían estar favoreciendo un enfoque hacia las ayudas en lugar de fortalecer la movilidad social, dejando interrogantes sobre el equilibrio necesario entre ambas políticas y su efectividad a largo plazo.
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