La reciente renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), efectiva a partir del 31 de agosto, ha desatado una ola de exigencias por parte de más de 80 colectivos de familiares de personas desaparecidas en México. Estas organizaciones han hecho un llamado al gobierno federal para que el proceso de nombramiento de su sucesor sea transparente, incluyente y jurídicamente fundamentado.
Los colectivos han manifestado su desacuerdo con el nombramiento de Reyes Sahagún, argumentando que este se realizó sin la consulta adecuada a las víctimas ni a expertos en el área. Calificaron su gestión como un retroceso institucional, afirmando categóricamente que su desempeño perjudicó la búsqueda de sus seres queridos. “Su nombramiento fue ilegítimo y su desempeño dañó la búsqueda de nuestros seres queridos”, señalaron estas agrupaciones, añadiendo que su gestión significó un retroceso en una institución que previamente estaba comenzando a ofrecer apoyo en sus largas y dolorosas búsquedas.
Este contexto ha provocado que los colectivos consideren la renuncia de Reyes Sahagún como una oportunidad tardía, pero crucial, para replantear el rumbo de la CNB. Destacaron que el tiempo perdido bajo su dirección resultó en un agravamiento del sufrimiento para las miles de familias que estaban buscando apoyo. En este sentido, hicieron un llamado a la Presidenta de la República y a la Secretaría de Gobernación para que el próximo nombramiento se realice mediante un proceso genuinamente colectivo, transparente y de acuerdo con la ley.
Las organizaciones enfatizaron la necesidad de una consulta pública previa que sea amplia y vinculante, involucrando tanto a los colectivos de víctimas como a expertos de todo el país. “No aceptamos otra simulación, ni perfiles que no garanticen la capacidad técnica y la sensibilidad que la crisis de más de 130,000 personas desaparecidas demanda”, subrayaron.
Finalmente, las agrupaciones coincidieron en que la próxima persona que asuma el cargo debe comprometerse a una agenda que responda a las necesidades de todas las familias afectadas. “Esta es una oportunidad para que el gobierno, en todos sus niveles, demuestre un interés real en atender las necesidades de las familias y resolver los pendientes que la CNB dejó de atender durante la gestión de la excomisionada”, concluyeron.
Con más de 130,000 personas desaparecidas en el país, la exigencia de un cambio significativo en la CNB no solo es un llamado a la acción, sino una demanda de justicia y apoyo hacia tantas familias que han sido arrastradas al dolor y la incertidumbre. Es vital que el proceso de nombramiento de un nuevo líder en esta organización sume las voces de quienes más han sufrido, garantizando que sus anhelos de verdad y justicia no sean olvidados.
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