Una numerosa caravana de transportistas de carga federal se desplazó este lunes desde Lázaro Cárdenas hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia. Su objetivo fue exigir un alto a los presuntos abusos y extorsiones que, según denuncias de los propios choferes, son perpetrados por algunos elementos de esta institución.
Los camioneros afirman que en diversos puntos carreteros, como en Taretan sobre la Autopista Siglo XXI, se instalan filtros de revisión donde agentes de la FGR aprovechan para practicar irregularidades y actos de corrupción. Esta situación perjudica constantemente a quienes se dedican al transporte de mercancías.
Óscar Cornelio, secretario de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) en Uruapan, indicó que las principales inconformidades giran en torno a la Carta Porte y el Documento Oficial de Despacho Aduanero (DODA). Según él, los transportistas no están obligados a desglosar todas las mercancías en la Carta Porte, y los agentes en los puntos de revisión no cuentan con los dispositivos necesarios para consultar el DODA digital. Además, los transportistas denunciaron la apertura irregular de contenedores sellados que provienen de recintos fiscalizados, lo cual debería requerir una orden judicial.
Las quejas también incluyen hostigamientos y retenciones injustificadas, lo que ha generado un creciente descontento entre los operadores del sector. Además, se denuncian exorbitantes cobros de grúas a petición de la FGR, que pueden alcanzar entre 80 mil y 120 mil pesos por evento en la región de Morelia, un impacto económico significativo para el gremio.
A pesar de estos problemas, los transportistas han logrado establecer coordinación operativa con la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y la Guardia Civil. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la FGR, cuyos representantes no han asistido a mesas de trabajo sobre seguridad.
En esta movilización, los transportistas también exigieron la liberación de un compañero detenido por la FGR en un punto de revisión en la autopista Siglo XXI. La detención se originó porque el pedimento no aclaraba que la unidad de dos semirremolques transportaba 350 minisplits, cuya legalidad fue cuestionada.
Hasta el momento, no se ha recibido una respuesta oficial de las autoridades federales ante estas acusaciones. Este tumulto de inconformidades pone de manifiesto la necesidad de intervenciones que garanticen el libre desempeño de la actividad laboral de los transportistas, en medio de un clima de creciente frustración y tensión en el sector.
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