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El Congreso de Colombia ha aprobado este lunes el proyecto de ley que le permite al país ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado firmado entre varios países de Latinoamérica y el Caribe que busca proteger al medio ambiente y los derechos humanos. Aunque el documento, firmado por 24 países y ratificado por 12 de ellos tiene varios matices, sus tres principales misiones son el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Además, en el centro de todo esto está el objetivo por el que el tratado es más conocido: lograr que los países de la región logren proteger a defensores del medio ambiente, un asunto que no es menor ya que, como lo señaló el último informe de Global Witness, América Latina registra cerca de 1200 ambientalistas asesinados en una década.
En 2021, en Colombia esa organización documentó 33 asesinatos, lo que le convirtió en el segundo país más letal para los líderes ambientales a nivel global. Pese a eso, ratificar el Acuerdo de Escazú no ha sido fácil. Durante el Gobierno pasado, a pesar de que el expresidente Iván Duque radicó el proyecto de ley para ratificar el Acuerdo el 20 de julio de 2020 con mensaje de urgencia, una figura que debería haber acelerado el proceso, los debates fueron obstaculizados repetidamente por su propia bancada, el Centro Democrático. Tanto así que se venció el tiempo para avanzar con el proyecto durante la pasada legislación y Duque se fue del gobierno sin ratificar Escazú.
Antes de su salida, en noviembre de 2021, el exministro de Ambiente, Carlos Correa, volvió a radicar el proyecto de ley, pero con dos nuevos factores: que el documento fuera socializado con organizaciones y comunidades, y bajo el contexto de las elecciones presidenciales de Colombia. Después de superar los cuatro debates en Congreso y con un nuevo Gobierno, el del presidente Gustavo Petro, este lunes el proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Escazú fue finalmente aprobado, con solo un voto en contra.
Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) de la Universidad de los Andes, explica que ahora la ley “pasará examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, lo cual puede tardar seis meses, para analizar que no se vulnere ninguna disposición de nuestra Constitución”. Y tras eso pasa a la firma del presidente y entraría a aplicarse el Acuerdo en Colombia.
Sin embargo, implementar lo que dice Escazú no será tarea fácil. No se trata solo de ratificar el Acuerdo ante las otras partes internacionales, sino de descifrar cómo será su implementación en Colombia.
El Acuerdo de Escazú se adoptó el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica. Desde entonces, 24 países lo firmaron y el 22 de abril entró en vigor gracias a que 12 países lo habían ratificado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay. Además de Colombia, a estos países se sumará Chile, país que aprobó el Acuerdo en Congreso en junio de este año y que albergó también la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo de Escazú en abril de 2022.
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