Desde el inicio del sexenio de López Obrador, Next Energy se posicionó como un jugador clave en la industria de energías renovables, proponiendo un ambicioso proyecto de energía solar en un terreno de 174.5 hectáreas entre Cerralvo y Melchor Ocampo, Nuevo León. Este plan prometía la instalación de 65,520 módulos que generarían 22.5 Mega Watts, con una inversión de 39 millones de dólares y un compromiso para suministrar energía a Monterrey durante 30 años.
Sin embargo, en agosto de 2020, la situación dio un giro inesperado cuando los representantes de Next Energy decidieron desistirse de su Manifestación de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT. Sin la autorización de la Comisión Reguladora de Energía, el proyecto solar conocido como La Palapa I se quedó en el limbo.
A pesar de estos contratiempos, el senator emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, quien previamente ocupó la alcaldía de Monterrey, denunció que su predecesor, Adrián de la Garza, había autorizado pagos al Fideicomiso creado para el contrato, aun sin haber iniciado la construcción de la central. Colosio, tras asumir la alcaldía en 2021, invocó el mecanismo de garantía del contrato para renegociar su costo, que pasó de 7,370 millones de pesos a 4,000 millones. “Tuve que coercionar a la empresa”, admitió. En esta renegociación, Next Energy aceptó reducir la duración del contrato de 30 a 10 años y ajustar el monto a 3,000 millones de pesos. Los paneles solares finalmente fueron colocados en varios edificios y espacios públicos de Monterrey.
Durante los primeros años del gobierno de López Obrador, Next Energy ampliaría sus operaciones en Aguascalientes, Baja California y Nuevo León. En la península de Baja California, un proyecto asignado por el gobernador morenista Jaime Bonilla implicaba una inversión de 12,000 millones de pesos por 30 años. En Aguascalientes, el contrato con la alcaldía que dirigía la panista Teresa Jiménez se amplió, elevando el compromiso financiero a más de 20,000 millones de pesos y extendiendo su vigencia hasta 2050.
Las alarmas comenzaron a sonar con la auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, que reveló irregularidades por más de 222 millones de pesos, que incluían pagos por energía no generada. Con el tiempo, el foco pasó de ser técnico a ser financiero, con informes que indicaban que entre 2021 y 2026, los gastos relacionados con el contrato superaron los 2,374 millones de pesos. En 2024, el Congreso estatal aprobó una reestructuración que incluía una devolución de más de 500 millones de pesos por servicios no prestados, aunque la falta de claridad sobre el impacto financiero persistía.
El caso tomó un giro dramático hace un mes con la detención del principal directivo de Next Energy, Eugenio Maíz Domene. Su defensa ha solicitado amparos, alegando maltratos físicos y psicológicos durante su detención, lo que ha añadido una capa de complejidad a este ya enredado asunto.
En un contexto donde la transparencia financiera y la rendición de cuentas son más cruciales que nunca, la situación de Next Energy continúa siendo un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta la industria energética en México. Con la reestructuración y los recientes acontecimientos, la historia de esta empresa subraya la necesidad urgente de un marco regulador más claro que proteja tanto a las autoridades locales como a los ciudadanos.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
