Tren Interoceánico funcionó un año sin seguro

El trágico accidente del Ferrocarril Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, ha reavivado la discusión sobre la seguridad y la regulación de los megaproyectos ferroviarios en México. Con un saldo de al menos 14 muertos y más de un centenar de heridos, este incidente representa el sexto en dos años relacionado con los nuevos trenes impulsados por la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Desde su inauguración en diciembre de 2023, el Tren Interoceánico ha operado sin un seguro para pasajeros, un requisito esencial según la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Este descuido permitía que decenas de miles de personas viajaran sin la debida protección ante eventualidades. A pesar de existir contratos de pólizas para propiedades del ferrocarril, no se encontró evidencia de que se licitara un seguro que cubriera los riesgos para los pasajeros en su primer año de funcionamiento.

La Secretaría de Marina, encargada de la construcción y operación del tren, no había respondido a las preguntas sobre la aseguradora responsable hasta el cierre de esta nota. Según la legislación mexicana, es obligatorio facilitar seguros que cubran desde gastos funerarios hasta atención médica para los lesionados. En total, cerca de 70,000 pasajeros habrían viajado en el tren sin dicha cobertura.

En diciembre de 2024, ya con un año de operación del servicio de pasajeros, se convocó a una licitación pública para contratar el seguro. Aunque varias aseguradoras de renombre como Seguros Inbursa y Seguros Banorte mostraron interés, solo GNP presentó una propuesta, que fue rechazada por no cumplir con los requisitos. Finalmente, se adjudicó el contrato de manera directa a Seguros Ve por Más, que ahora se responsable de atender las reclamaciones de las víctimas del accidente reciente.

Sin embargo, esa póliza cubrió a los pasajeros solo hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de 2026, el tren arrancó sin un nuevo seguro de pasajeros, lo que ha suscitado aún más preocupación entre los usuarios y expertos en seguridad. La falta de aseguramiento en un servicio público esencial plantea serios interrogantes sobre la gestión y la regulación de proyectos ferroviarios en el país.

México, que ha estado en un proceso de reactivación del transporte ferroviario de pasajeros tras más de tres décadas de privatización y abandono, se enfrenta a un reto significativo. López Obrador asumió la tarea de restaurar este servicio como una promesa política clave, pero tanto el Ferrocarril Interoceánico como el Tren Maya se han visto impulsados sin proyectos ejecutivos completos y estudios ambientales pertinentes, priorizando los objetivos políticos sobre la seguridad y la planificación sostenible.

A medida que el gobierno de Claudia Sheinbaum se embarca en la ambiciosa meta de construir 3,000 kilómetros adicionales de vías férreas, la comunidad está atenta. La reciente tragedia subraya la necesidad urgente de revisar tanto los estándares de seguridad como los procedimientos de licitación, asegurando que la recuperación de los trenes de pasajeros no ocurra a expensas de la seguridad de sus usuarios.

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