Un juez federal de Estados Unidos ha decidido extender un bloqueo a los intentos del Gobierno de Donald Trump de deportar a niños guatemaltecos no acompañados que tienen casos de inmigración activos. Esta medida, que se encuentra en vigor hasta el próximo martes, otorga un tiempo adicional para considerar la compleja situación que rodea este polémico tema.
La decisión del juez de distrito, Timothy Kelly, residente en Washington, D.C., se produjo tras una audiencia llevada a cabo el 10 de septiembre. Durante esta audiencia, Kelly interrogó a un abogado del Departamento de Justicia sobre una afirmación incorrecta hecha por un colega, quien había afirmado que todos los padres de los menores en cuestión habían solicitado que se les devolviera a Guatemala.
Esta controversia se originó a raíz de un intento del Gobierno de Trump de deportar repentinamente a 76 niños guatemaltecos no acompañados el 31 de agosto. Los menores fueron despertados en plena madrugada de un fin de semana festivo y llevados apresuradamente a aviones, solo para ser detenidos por la orden de emergencia del juez.
Drew Ensign, un abogado del Departamento de Justicia, había expedido la declaración de que los padres habían solicitado esas deportaciones, pero dos días después, un informe de la fiscalía general de Guatemala reveló que la mayoría de los padres de aproximadamente 600 menores bajo custodia en Estados Unidos eran inubicables. De los 115 que fueron localizados, muchos manifestaron su deseo de que sus hijos no regresaran a Guatemala.
En su intervención, el juez Kelly, designado por Trump, citó el informe durante la audiencia, lo que llevó a un abogado del Departamento de Justicia a retractarse de la declaración inicial de Ensign. Lucrecia Prera, directora de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de Guatemala, quien elaboró el informe mencionado, explicó que las autoridades guatemaltecas suelen recibir uno o dos menores no acompañados al día desde México o Estados Unidos, pero nunca antes se había solicitado la aceptación de hasta 100 a la vez.
La mayoría de los niños que Estados Unidos busca repatriar provienen de regiones como Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Alta Verapaz, áreas con alta población indígena y comunidades agrícolas que enfrentan graves problemas de desnutrición y pobreza. Prera también añadió que algunas familias han llegado a hipotecar sus hogares para financiar la travesía de sus hijos hacia Estados Unidos.
Esta situación destaca no solo el dolor y la incertidumbre que viven los niños y sus familias, sino también las complicaciones legales y éticas que surgen en torno a la política migratoria actual. Mientras tanto, el futuro de estos menores sigue dependiendo de la evaluación continua de la justicia y la política en el contexto de la inmigración.
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