El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha bloqueado este jueves la orden de la Administración de Joe Biden para exigir que todos los empleados de grandes empresas se vacunen contra la Covid 19 o se sometan a pruebas del virus de forma habitual. La máxima autoridad judicial del país, de mayoría conservadora, ha establecido que el Gobierno sobrepasó los límites de su autoridad con ese mandato, si bien sí ha aceptado la vacuna obligatoria, como excepción, para las personas que trabajen en centros sanitarios que reciben fondos públicos, es decir, la mayoría.
El requerimiento presidencial se centraba en compañías de más de 100 trabajadores, lo que se hubiese traducido en la vacunación obligatoria o los test de frecuencia semanal en unos 84 millones de trabajadores en Estados Unidos. El mandato contemplaba sanciones a de hasta 14.000 dólares (en los casos más graves) para empresas que incumpliesen la orden y contemplaba exenciones a empleados por motivos médicos y religiosos.
Los tres jueces progresistas del Supremo, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Stephen Breyer, disintieron de la mayoría conservadora y opinaron que el mandato de Biden no debía bloquearse. Los seis conservadores, que forman una mayoría holgada en un órgano de nueve magistrados, se posicionaron en sentido contrario, si bien cuatro de ellos también discreparon de la obligatoriedad de la vacunas para los trabajadores del sector sanitario.
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