En un cambio significativo hacia la transparencia en el uso de tecnologías de vigilancia, a partir de 2029, el sistema judicial de EE. UU. comenzará a divulgar datos sobre la frecuencia con la que se autorizan intervenciones telefónicas realizadas mediante técnicas de hacking y spyware, clasificadas como técnicas de investigación de red, o NITs. Esta decisión marca un avance en el esfuerzo por arrojar luz sobre las prácticas de vigilancia del gobierno, que hasta la fecha carecían de un registro público detallado.
Desde 1998, el FBI ha empleado diversas herramientas de hacking, incluyendo spyware, para acceder a las comunicaciones en tiempo real de los individuos. No obstante, la falta de cifras que documenten cuán a menudo se han implementado estas técnicas ha suscitado preocupación y críticas. A partir de 2028, el Informe Anual de Intervenciones Telefnicas recogerá estos nuevos datos, lo que representa un paso vital para comprender el alcance de las actividades de vigilancia.
Las intervenciones telefónicas permiten a las fuerzas del orden obtener acceso en tiempo real a las llamadas y mensajes de las personas. Debido a la naturaleza intrusiva de estas prácticas, el umbral de evidencia que deben presentar las autoridades ante un juez es alto. Como resultado, las intervenciones se emiten en menor cantidad que las órdenes de búsqueda, aunque pueden abarcar una gran cantidad de comunicaciones. Por ejemplo, un caso anterior reveló cómo una única intervención reunió millones de mensajes de texto en un período de tres meses.
En un reciente comunicado, la Oficina Administrativa de los Tribunales de EE. UU. anunció que comenzará a recolectar datos sobre el uso de “spyware/hacking” a partir del informe correspondiente a 2028, que será publicado en el año siguiente. Un portavoz confirmó que se están realizando las modificaciones necesarias en los formularios y procedimientos de reporte para incluir estas nuevas categorías.
Es relevante destacar que esta nueva estadística solo reflejará cuándo se ha usado spyware para interceptar comunicaciones, como aquellas realizadas a través de aplicaciones como Signal y WhatsApp, y no se relacionará con el acceso remoto a dispositivos y la extracción de datos almacenados en ellos, un proceso legal distinto.
El senador demócrata Ron Wyden, quien ha abogado por la transparencia en torno a las órdenes de vigilancia electrónica desde 2017, elogió esta decisión. Wyden enfatizó que el pueblo estadounidense ha estado en gran parte a ciegas sobre las maneras en que el gobierno los espía. A pesar de este avance, continúa haciendo un llamado al Congreso para que se apruebe su propuesta de Ley de Transparencia en Vigilancia Gubernamental.
Expertos en privacidad consideran que este es un paso monumental hacia la rendición de cuentas por parte del gobierno. Eva Galperin, directora de ciberseguridad en la Electronic Frontier Foundation, sostuvo que la revelación de estadísticas sobre el uso de spyware ayudará a exponer posibles abusos y a mantener a las autoridades respondiendo por sus acciones.
El cambio también fue bien recibido por Brett Max Kaufman, asesor legal en el Centro de Democracia de la American Civil Liberties Union, quien lo calificó de “importante y muy necesario”, señalando que esto podría llevar a un mejor marco legal y político en torno a las cuestiones de vigilancia.
Comparativamente, otros países como Italia ya publican datos detallados sobre el uso de spyware, proporcionando una perspectiva internacional que resalta la urgencia de una mayor transparencia en EE. UU. Por ejemplo, en 2023, se documentó el uso de spyware en 4,321 objetivos en el país europeo.
Este movimiento hacia la apertura no solo amplía el marco de referencia sobre cómo se utilizan técnicas de vigilancia en EE. UU., sino que también sienta las bases para un debate más informado sobre el equilibrio entre la seguridad pública y la privacidad individual en la era digital.
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