La reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara inconstitucional el impuesto del 2% a plataformas de reparto en la Ciudad de México (CDMX) ha sido un hito significativo para el ecosistema digital del país. Este fallo, que se centra en la protección del principio de legalidad tributaria, enfrenta un contexto donde los gobiernos locales se ven obligados a buscar nuevas fuentes de recaudación mientras la regulación laboral avanza con propuestas que podrían estrangular el mismo modelo que buscan proteger.
El artículo 307 Ter del Código Fiscal de la CDMX, que establecía este gravamen disfrazado de “aprovechamiento” por el uso de calles, fue finalmente considerado como un impuesto por la Segunda Sala de la SCJN. La decisión refleja que la legislación sobre comercio electrónico debe ser competencia del Congreso de la Unión y no de entidades locales, lo que evita imposición de contribuciones arbitrarias que podrían afectar la viabilidad de las plataformas.
Aunque esta sentencia se presenta como un triunfo para los repartidores y usuarios de aplicaciones de entrega, la presión regulatoria sigue siendo una preocupación latente. Cada nueva disputa legal implica costos que, invariablemente, afectan a los usuarios y trabajadores en forma de tarifas más altas o disminución de oportunidades laborales.
A partir del 1° de julio de 2025, entrará en un programa piloto de aseguramiento obligatorio para trabajadores de plataformas digitales, de acuerdo con las fracciones V y VI del artículo 291-K de la Ley Federal del Trabajo. Este nuevo marco requerirá que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Infonavit inscriban a estos trabajadores y manejen las cuotas obrero-patronales correspondientes, lo que introduce un nuevo conjunto de responsabilidades tanto para las plataformas como para los trabajadores.
Uno de los aspectos más críticos de esta reforma es la definición de ingreso neto, que determinará el estatus laboral de los repartidores. Esta definición debe manejarse con precisión para no desincentivar la flexibilidad que caracteriza la economía colaborativa. Numerosos trabajadores que usan estas plataformas como complemento a sus ingresos podrían perder la autonomía que les brinda este modelo si no se ajusta adecuadamente el umbral del ingreso neto.
Es importante señalar que, según los datos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), existen 658,000 personas trabajando en plataformas digitales, pero solo 272,000 superan el umbral del salario mínimo mensual. Esto plantea una situación en la cual muchas personas que utilizan estas aplicaciones de manera esporádica podrían quedar fuera de la modalidad que les brinda seguridad social, a pesar de que su trabajo les confiera prácticamente todos los derechos laborales.
Los costos adicionales derivados de la burocracia generan preocupaciones tangibles. Se espera que las plataformas tengan que lidiar con cargas burocráticas que, en última instancia, pueden incrementar los gastos operativos, resultando en precios más elevados para los usuarios. Además, la falta de un análisis exhaustivo del costo de la inclusión de estos nuevos trabajadores en el sistema de seguridad social del IMSS podría poner presión sobre un sistema ya sobrecargado.
La reforma laboral también crea una paradoja al no extender la misma cobertura de seguridad social a otros grupos de trabajadores independientes, como taxistas o despachadores de gasolina, generando así una serie de distorsiones en el mercado laboral. Este enfoque podría resultar en una vulnerabilidad para los trabajadores que no se ajusten al nuevo régimen, lo que limita sus oportunidades de empleo y afecta sus ingresos.
Una solución más justa sería el diseño de un sistema de seguridad social universal que no esté ligado a la subordinación laboral. Este sistema permitiría que los trabajadores de plataformas contribuyan a un fondo de salud y pensiones a través de cuentas individuales, asegurando así su flexibilidad y autonomía sin imponer una carga completa a las plataformas.
La sentencia de la SCJN y la inminente implementación del programa de aseguramiento obligatorio resaltan el desafío de regular un sector que combina tecnología, trabajo y movilidad. La clave radica en la correcta definición del ingreso neto y en repensar los esquemas de seguridad social para proteger a los trabajadores, a la vez que se fomenta un entorno donde continúe prosperando la innovación en el ámbito digital. Sin un ajuste adecuado, se corre el riesgo de perder oportunidades de crecimiento en un sector crítico para la economía moderna.
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