Baja California, Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas enfrentan situaciones críticas en cuanto a la disponibilidad de agua, según el Índice de Estrés Hídrico del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). En estos estados, la extracción de agua supera la capacidad natural de recarga, un fenómeno que amenaza no solo la sostenibilidad productiva, sino también el derecho humano al agua, especialmente en regiones donde la industria y la agricultura son esenciales para la economía.
El gobierno federal ha elevado la cuestión del agua a un tema de seguridad nacional a través del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, resultado de iniciativas anteriores como el Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Este enfoque busca priorizar el acceso al agua; sin embargo, el sistema hídrico del país todavía sufre las consecuencias de una caída considerable en la inversión. Entre 2013 y 2020, el presupuesto destinado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) disminuyó dramáticamente, pasando del 0.26% al 0.12% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa una reducción del financiamiento total de 32,510 millones de pesos a solo 15,390 millones.
Este fenómeno se califica como desinversión, ya que el porcentaje de recursos destinados a la creación y mantenimiento de infraestructura también se redujo significativamente, del 73.6% al 53.4% en el mismo periodo. Esta falta de inversión no solo impide nuevas construcciones, sino que compromete la operatividad de los sistemas existentes. Actualmente, se estima que hasta el 50% del agua en los sistemas de captación y distribución se pierde por fugas.
México enfrenta una crisis hídrica caracterizada por una distribución desigual de este recurso vital. El 13.7% de las cuencas del país presenta problemas graves de disponibilidad. Para abordar estas disparidades, la inversión en infraestructura debe ser sensible a las variadas necesidades del territorio. En el sureste, es crucial fortalecer el saneamiento y proteger contra inundaciones, mientras que en el centro y norte, donde 114 acuíferos están sobreexplotados, el enfoque debe estar en la tecnificación del uso del agua y la recuperación de caudales para evitar el agotamiento de reservas subterráneas.
El Plan Nacional Hídrico 2024-2030 contempla una inversión de 186,567 millones de pesos para el sexenio, distribuidos en 37 proyectos estratégicos en diversas regiones. Por ejemplo, la Zona Metropolitana del Valle de México recibirá 51,251 millones de pesos, con el objetivo de recuperar 16,000 litros por segundo, mientras que el Acueducto Solís-León en el Bajío requerirá 15,000 millones de pesos para recuperar 3,800 litros por segundo. Zacatecas, por su parte, contará con 9,000 millones de pesos para la Presa Milpillas, buscando recuperar 1,300 litros por segundo, aunque a un costo más elevado.
Además, se destinarán 36,148 millones de pesos a la tecnificación de 240,000 hectáreas de riego. La recuperación de caudales en el sector agrícola resulta la estrategia más eficaz para liberar agua destinada al consumo humano.
El éxito del Plan Nacional Hídrico no debe evaluarse únicamente por el gasto realizado, sino también por su capacidad de impacto en el bienestar social y la eficiencia técnica. Es fundamental que la Conagua incorpore indicadores que reflejen no solo la finalización de obras, sino su efectividad en la mejora de las condiciones de vida de la población.
El verdadero cambio en la gestión del agua en México se logrará cuando se garantice el acceso constante y seguro a este recurso vital para todos los ciudadanos. La situación actual presenta desafíos serios que requieren atención inmediata y un enfoque bien estructurado, de lo contrario, el derecho al agua seguirá siendo una promesa incumplida para millones de mexicanos.
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