La Administración Trump ha emitido una advertencia este martes sobre la posible negación del pago de salarios atrasados a los trabajadores federales durante el actual cierre del Gobierno, el octavo día sin acuerdo financiero. Esta medida afectaría a unos 750,000 funcionarios que están actualmente de baja debido a la falta de fondos públicos, según un memorando de la Casa Blanca.
Históricamente, el presidente Trump había promulgado en 2019 una ley que garantizaba el pago retroactivo a los trabajadores federales durante los cierres del Gobierno. Sin embargo, en el nuevo memorando, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) sostiene que el reembolso ahora debe ser aprobado por el Congreso, lo que introduce incertidumbre en torno a la compensación de estos empleados.
Muchos analistas perciben esta acción como una estrategia de presión de la Administración republicana para incentivar a los legisladores a reabrir el Gobierno. Durante un evento en la Casa Blanca, Trump dejó en claro que el pago de salarios atrasados dependería de “quién” esté involucrado. Además, reafirmó que su administración se adhiere a la ley, aunque su interpretación de la misma ha generado controversia.
La negación del pago retroactivo para algunos empleados esenciales podría resultar en desafíos legales, dado que la mayoría de los trabajadores, incluidas las Fuerzas Armadas, han recibido reembolsos en cierres anteriores. En el Capitolio, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, subrayó que la situación debería crear un sentido de urgencia entre los demócratas para lograr un acuerdo.
Por otro lado, la senadora demócrata Patty Murray criticó a la administración, afirmando que su postura desafía el marco legal establecido que asegura el derecho al pago retroactivo. Aunque el líder republicano en el Senado, John Thune, opinó que los trabajadores suspendidos recibirán su compensación, el memorando de la Casa Blanca menciona que dicha acción no es automática y requerirá de nueva legislación.
El análisis de la OMB argumenta que, aunque la Ley de Trato Justo a los Empleados del Gobierno de 2019 establece el derecho de los trabajadores a ser compensados, no proporciona automáticamente los fondos necesarios. La decisión de pagar a los trabajadores recae en el Congreso, que actualmente se encuentra estancado sin movimientos hacia un acuerdo.
En el centro de este impasse, los demócratas están luchando por asegurar fondos para el sector de la salud, de lo contrario, se vería afectada la estabilidad de los subsidios, poniendo en riesgo las primas de los seguros médicos. Mientras tanto, los republicanos sugieren que esta cuestión puede ser abordada en una fecha posterior.
La información contenida en este artículo corresponde a la fecha de publicación original del 8 de octubre de 2025.
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