El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes 11 de abril de 2025 que acataría lo que decida la Corte Suprema en relación con el caso del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error a su país. “Si la Corte Suprema dijera que se traiga de vuelta a alguien, lo haría. Respeto a la Corte Suprema (…) Siento un gran respeto por la Corte Suprema”, afirmó Trump a los periodistas mientras viajaba a bordo del Air Force One, apenas un día después de que el máximo tribunal del país instara a su administración a “facilitar” el retorno del migrante a territorio estadounidense.
A pesar de esas declaraciones, la misma jornada la administración se negó a entregar a una jueza federal la información solicitada sobre Ábrego García, alegando que se le había impuesto un “plazo impracticable”. Esta negativa provocó una fuerte reacción de los abogados del salvadoreño, quienes acusaron al gobierno de actuar con “arrogancia y crueldad”. Aseguraron que las autoridades siguen “retrasando, ofuscándose e ignorando las órdenes judiciales, mientras la vida y la seguridad de un hombre están en peligro”. Según los letrados, el gobierno no tardó en tomar la decisión de expulsarlo —fue deportado apenas 72 horas después de su detención—, pero ahora se toma todo el tiempo posible para resolver el error.
La jueza federal Paula Xinis había ordenado al gobierno que le informara esa misma mañana sobre el paradero actual de Ábrego García, su estatus de detención en El Salvador y las acciones adoptadas o previstas para su eventual regreso a Estados Unidos. Tras una audiencia de apenas media hora, la magistrada concluyó que la administración había incumplido sus instrucciones y ordenó que, a partir del sábado, se le presente un informe diario con esa información “hasta nuevo aviso”. También fijó una nueva audiencia para el próximo 15 de abril.
Ábrego García, quien está casado con una ciudadana estadounidense, fue detenido el 12 de marzo por agentes migratorios y deportado tres días después junto con otras 200 personas hacia El Salvador. El gobierno de Trump sostiene que la mayoría de estas personas pertenecen al Tren de Aragua, una pandilla venezolana que ha sido declarada organización terrorista por Estados Unidos, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas que sustenten esa afirmación. Posteriormente, la propia administración reconoció ante un tribunal que la deportación de Ábrego fue el resultado de un “error administrativo”.
El migrante residía legalmente en Estados Unidos bajo un estatus protegido desde 2019, luego de que un juez dictaminara que no debía ser deportado debido al peligro que podría correr en su país de origen. A pesar de esto, el gobierno ha declarado que no puede rectificar el error porque Ábrego García ya se encuentra detenido en El Salvador, donde ahora también se le vincula con la pandilla MS-13, otra organización clasificada como terrorista por Washington. La semana pasada, la jueza Xinis afirmó que no ha visto pruebas que demuestren que Ábrego forme parte de esa estructura criminal y exigió que el gobierno “facilite y efectúe” su regreso a más tardar el 7 de abril.
Ante esta orden, la administración Trump llevó el caso a la Corte Suprema, que suspendió temporalmente la decisión de la jueza y dejó sin efecto la fecha límite. Sin embargo, el jueves los nueve magistrados del máximo tribunal se pronunciaron de manera unánime a favor de la decisión de primera instancia, instando al gobierno a facilitar el traslado de Ábrego García y garantizar que su situación legal se gestione como si no hubiera sido expulsado de manera indebida.
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