El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido retirar la demanda de 10,000 millones de dólares que había interpuesto contra el fisco el 1 de febrero, tras la filtración de su declaración de impuestos por un excontratista del Servicio de Impuestos Internos (IRS), actualmente encarcelado. Esta decisión elude el litigio en medio de un acuerdo significativo con las autoridades.
A cambio de la retirada de la demanda, el Gobierno estadounidense instaurará un fondo de 1.7 billones de dólares destinado a compensar a quienes hayan sido víctimas de la “instrumentalización” de la justicia en administraciones anteriores. Trump, junto con sus hijos Donald y Eric, además de la Organización Trump, está tramitando un “sobreseimiento voluntario” en el caso, según un documento judicial presentado ante el Tribunal del distrito sur de Florida.
Por su parte, el fiscal general interino, Todd Blanche, ha revelado que este pacto incluye una disculpa formal para Trump y los demás demandantes, aunque no se contemplan compensaciones monetarias directas. En lugar de ello, el Departamento de Justicia establecerá un “fondo contra la instrumentalización” de 1,776 millones de dólares, diseñado para abordar reclamaciones de aquellos que han sufrido el uso desmedido de la ley.
Blanche subrayó que el propósito del Departamento es remediar errores del pasado y asegurar que la maquinaria gubernamental no sea utilizada como una herramienta contra ningún estadounidense. La creación de este fondo busca establecer un proceso sistemático que permita a las víctimas recibir atención y reparación por los daños sufridos.
El fondo estará regido por una comisión de cinco miembros nombrados por el fiscal general, quienes se encargarán de emitir disculpas y determinar las compensaciones pertinentes hasta el 15 de diciembre de 2028. A partir de esa fecha, cualquier monto restante será devuelto al Gobierno federal.
Cabe mencionar que un grupo de aproximadamente cien congresistas demócratas ha expresado su preocupación, argumentando que este acuerdo podría desviar miles de millones de dólares de los contribuyentes hacia los bolsillos del presidente y su círculo cercano.
La demanda inicial, presentada en enero de 2026, alegaba que desde mayo de 2019 hasta, al menos, septiembre de 2020, Charles Littlejohn, quien trabajaba como empleado y contratista del IRS, accedió ilegalmente a las declaraciones de impuestos de Trump y las filtró a medios como The New York Times y ProPublica. Littlejohn fue condenado a cinco años de prisión a principios de 2024 por este delito.
Estas acciones figuran en un contexto más amplio de tensiones políticas y jurídicas en Estados Unidos, destacando las complejidades de la relación entre las finanzas personales de los líderes y el poder del estado. Sin duda, el desenlace de este acuerdo y la implementación del fondo suscitarán debatidos en los próximos meses, mientras el país se prepara para la llegada de un nuevo ciclo electoral.
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