El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que impacta directamente en el ámbito financiero: se instruyó al Departamento del Tesoro y a los reguladores financieros para modificar la reglamentación que implica un endurecimiento de los requisitos de identificación de clientes que realizan transferencias transfronterizas de bajo monto. Esta medida, que busca reforzar la seguridad nacional y pública, ha generado preocupaciones sobre sus implicaciones, especialmente en el envío de remesas.
En la orden, Trump enfatizó que incluso la prestación de servicios financieros básicos sin una identificación adecuada podría representar una amenaza considerable. Específicamente, se destaca que los bancos y otras instituciones deben evaluar cuidadosamente los riesgos crediticios asociados con los préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otros créditos al consumo, dirigidos a la población extranjera con estatus migratorio irregular.
Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, advirtió que esta decisión podría tener un efecto negativo en los envíos de remesas. Para contextualizar, se estima que hay 11.5 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, de los cuales un 35% se encuentra en situación migratoria irregular. La posibilidad de un bloqueo en el envío de remesas podría forzar a estas personas a buscar alternativas para transferir dinero a sus familias en México, lo que podría resultar en una caída drástica de las remesas en dólares.
Además, el 28 de noviembre de 2025, Estados Unidos ya había emitido una advertencia a las empresas de servicios monetarios para que detectaran, identificaran y reportaran actividades sospechosas en relación con transferencias de fondos que involucren a extranjeros en situación irregular. Ante este panorama, es fundamental considerar el impacto que estas nuevas regulaciones pueden tener en la economía y la calidad de vida de millones de personas.
La orden ejecutiva proporciona un plazo de 60 días para que cada regulador financiero federal elabore directrices sobre la gestión de riesgos crediticios que presenta la población no autorizada para trabajar. De no ajustarse a las nuevas reglas, las implicaciones en la economía de remesas podrían ser severas, lo que refleja una vez más cómo las decisiones políticas pueden resonar profundamente en la vida cotidiana de muchas familias.
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