Un juez federal en Washington dictaminó que el gobierno del presidente Donald Trump desobedeció deliberadamente una orden judicial al deportar a más de 200 migrantes, principalmente venezolanos, el pasado 15 de marzo. La decisión judicial prohibía específicamente las expulsiones basadas en la Ley sobre enemigos extranjeros de 1798, una normativa de más de dos siglos que rara vez ha sido aplicada fuera de contextos bélicos y que fue invocada por la administración Trump para justificar una serie de deportaciones masivas.
El juez James Boasberg señaló en su fallo que la conducta del gobierno ese día constituye “causa probable” de desacato penal, al ignorar abiertamente la orden judicial vigente. Entre los deportados figura el salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien había obtenido en 2019 una resolución judicial que prohibía su expulsión definitiva a El Salvador. Aun así, fue deportado el 15 de marzo, y el gobierno argumentó después que se trató de un “error administrativo”, una explicación que el tribunal considera insuficiente ante la gravedad del incumplimiento.
La Corte Suprema de Estados Unidos intervino el 8 de abril, permitiendo el uso de la ley de 1798 para expulsiones, pero estipuló que los afectados deben tener la posibilidad de impugnar su deportación ante tribunales del estado desde donde fueron expulsados, no en Washington. Esta aclaración llega en medio de un creciente conflicto institucional entre el poder ejecutivo y el judicial, que se intensifica con las reiteradas acusaciones de Trump hacia los jueces por “obstruir” sus políticas migratorias.
El caso de Ábrego García ha cobrado un fuerte simbolismo, al convertirse en ejemplo del enfrentamiento entre las ambiciones políticas de Trump —quien ha prometido detener lo que describe como una “invasión” de criminales extranjeros— y el sistema judicial estadounidense. El gobierno lo acusa, sin pruebas públicas, de pertenecer a la pandilla MS-13, organización que, al igual que el Tren de Aragua, ha sido declarada como grupo terrorista por Washington.
En este contexto, la jueza Paula Xinis exigió a la administración federal que proporcione información detallada sobre el paradero actual y el estatus legal de Ábrego García, quien se encuentra detenido en El Salvador. La deportación, además, se dio pese a la resolución vigente que le garantizaba permanecer en suelo estadounidense.
Mientras tanto, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha mostrado total disposición a colaborar con el gobierno de Trump, ofreciendo incluso la infraestructura del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de máxima seguridad, para albergar a los migrantes deportados. A cambio de esta cooperación, su administración ha recibido ya seis millones de dólares por parte del gobierno estadounidense, lo que ha generado críticas sobre la naturaleza del acuerdo y el uso político del sistema penitenciario salvadoreño.
Este episodio deja al descubierto no solo el uso cuestionado de una ley arcaica para justificar deportaciones, sino también la instrumentalización de alianzas internacionales con fines de control migratorio. A medida que el proceso judicial avanza, se espera que el caso siente un precedente importante sobre los límites del poder ejecutivo en materia de inmigración y el respeto a las garantías judiciales básicas, incluso en contextos de endurecimiento de las políticas fronterizas.
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