El Gobierno del presidente Donald Trump implementó una controvertida medida que clasifica a miles de migrantes como fallecidos en bases de datos oficiales, según reportó The Washington Post. Esta acción, que afecta principalmente a personas de origen latino, tiene como objetivo restringir su acceso a permisos de trabajo y beneficios sociales, endureciendo así la política migratoria.
El IRS, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional, acordó compartir datos fiscales para localizar a migrantes con órdenes de deportación. Más de 6,000 migrantes han sido registrados en el archivo federal de defunciones, lo que les impide continuar con trámites legales. Esta orden, emitida por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, busca presionar a los migrantes indocumentados a abandonar el país voluntariamente. Elizabeth Huston, vocera de la Casa Blanca, declaró que esta estrategia pretende eliminar incentivos económicos para que los migrantes permanezcan en Estados Unidos.
La política se basa en dos memorandos internos que permiten al Seguro Social incluir a ciertos migrantes en la base de datos de fallecidos por razones de seguridad nacional. Los afectados incluyen migrantes que perdieron su estatus legal y aquellos que ingresaron al país bajo programas migratorios aprobados durante la Administración Biden, cuyos permisos ya expiraron.
Estar registrado como fallecido tiene consecuencias graves, como la cancelación de permisos de trabajo, la inhabilitación para solicitar beneficios del Seguro Social y el impedimento para renovar trámites migratorios. Además, se planea incluir a 92,000 migrantes más en esta lista, especialmente aquellos con antecedentes penales.
La medida ha generado críticas incluso dentro del Gobierno. Funcionarios del Seguro Social han expresado preocupaciones sobre la legalidad de incluir a personas vivas en una base de datos de fallecidos, lo que podría violar leyes de privacidad. También se informó que algunos migrantes en la lista están vinculados a la lista de vigilancia terrorista del FBI, aunque no se especificaron detalles.
Esta acción forma parte de una estrategia más amplia para restringir la migración, que incluye la revocación de permisos emitidos durante el mandato de Joe Biden, el desarrollo de una aplicación móvil para que los migrantes soliciten su propia deportación y el traslado de presuntos miembros del crimen organizado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Según la Casa Blanca, estas medidas buscan reducir la llegada de migrantes sin necesidad de procesos judiciales complejos, aunque la controversia legal en torno a estas decisiones podría intensificarse en los próximos meses.
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