El pasado jueves, el gobierno de Donald Trump, representado por figuras clave como los secretarios de Estado Marco Rubio y del Tesoro Scott Bessent, junto al ideólogo Stephen Miller, presentó en Washington una estrategia antiterrorista destinada a abordar lo que denominaron "terrorismo de extrema izquierda". Esta iniciativa, que busca utilizar la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como herramienta principal, permite designar a organizaciones como amenazas a la seguridad sin necesidad de juicio, congelando sus activos y restringiendo su acceso al sistema financiero estadounidense. El verdadero objetivo parece ser ejercer presión financiera sobre gobiernos y sociedades civiles que no se alinean con los intereses de Estados Unidos.
La reunión, que atrajo a representantes de 60 naciones, no contó con la participación de México, Brasil, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Austria. Para México, esta situación representa un riesgo concreto. La OFAC ya ha clasificado a cuatro grupos europeos como terroristas, sugiriendo que cualquier ONG mexicana opuesta a proyectos mineros o energéticos estadounidenses, o que defienda los derechos humanos, podría ser acusada de “facilitación”, afectando su financiamiento.
Rubio, además, conectó esta retórica con la situación de Cuba, implicando que los servicios de inteligencia de La Habana están asociados con la izquierda en el hemisferio. Esto implica que, a medida que revisa el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la cooperación médica y energética con Cuba podría ser utilizada como una herramienta de presión adicional.
La política impulsada por Trump tiende a difuminar la línea entre el activismo social y el terrorismo. Esta estrategia podría llevar a que Estados Unidos presione por medidas más severas contra movimientos campesinos, sindicales e indígenas en México, Brasil y otros países de la región.
El resplandor de descontento no se limita a América Latina. Aunque varios países europeos enviaron delegaciones, la ausencia de cancilleres y el envío de representantes de menor rango son signos de incomodidad. Gobiernos como el de Italia y España enviaron bajosecretarios, lo que refleja la tensión y la falta de consenso sobre la gestión de la extrema derecha frente a la izquierda.
Particularmente, la ausencia de países como Bélgica, sede de la Unión Europea, y las posturas neutrales de Dinamarca, Finlandia y Austria destacan la fractura en la respuesta europea. Rubio cimentó su retórica al atribuir a la izquierda radical responsabilidades por incidentes de sabotaje en infraestructura, sin proporcionar pruebas concretas que sustenten esas acusaciones. La legislación europea exige un debido proceso, y las acciones que congelan cuentas basadas en sospechas ideológicas podrían resultar en litigios considerablemente dañinos para cualquier gobierno.
Una interrogante persiste: ¿Sobrevivirá esta política a la presidencia de Trump? La beligerante retórica de Miller, que califica a la izquierda como un "cáncer mortal para la civilización", podría extinguirse con su administración, pero las herramientas financieras que se han implementado permanecen. Los poderes otorgados por la Patriot Act tras los ataques del 11 de septiembre nunca fueron completamente revocados, sino que se normalizaron con el tiempo. Así, si la OFAC clasifica a la izquierda latinoamericana como un riesgo permanente, estas medidas seguirán operando durante décadas, independientemente de la administración en funciones.
El hecho de que México y otros países se ausentaran de la reunión, lo que implica una clara postura de rechazo, y que Europa lo hiciera a medias, abren un debate sobre la posición que deberán asumir en este complejo escenario internacional. ¿Optarán por unirse al esfuerzo norteamericano o tomarán una postura más neutral y crítica ante estas políticas de intolerancia? La balanza todavía está en juego.
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Datos basados en información reportada originalmente por eleconomista.com.mx.






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