La Administración del presidente Donald Trump ha dado un paso sin precedentes al ordenar a la Embajada de Estados Unidos en Madrid que investigue las circunstancias que rodearon la muerte por eutanasia de Noelia Castillo Ramos, la joven catalana de 25 años que falleció el pasado 26 de marzo en el Hospital Residencia Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Según un cable diplomático filtrado y publicado por el diario estadounidense New York Post, el Departamento de Estado instruyó a sus diplomáticos a recabar información detallada sobre el proceso médico, judicial y administrativo que permitió aplicar la ley española de eutanasia en este caso. Funcionarios citados bajo anonimato expresaron “serias preocupaciones” por posibles fallos sistémicos en materia de derechos humanos, especialmente en la protección de personas vulnerables, el manejo de agresiones sexuales y la aplicación de la norma de “muerte digna” en situaciones de sufrimiento crónico no terminal con componente psicológico.
Noelia Castillo vivió una trayectoria marcada por el dolor y la vulnerabilidad. Con una infancia y adolescencia complicadas, estuvo bajo tutela del Estado durante años. En 2022 sufrió una violación múltiple y, en un intento de suicidio posterior, se arrojó desde un quinto piso. Sobrevivió, pero quedó parapléjica (paralizada de cintura para abajo) y con graves secuelas físicas y psíquicas: dolor crónico intenso, dependencia total y un sufrimiento que ella misma describió como insoportable. “No puedo más con esta vida”, llegó a declarar en una entrevista televisiva emitida poco antes de su muerte.
En abril de 2024, Noelia solicitó formalmente la prestación de ayuda para morir amparada en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, aprobada en España en 2021. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña —un organismo independiente integrado por médicos, juristas y expertos en bioética— evaluó su caso y la aprobó por unanimidad en julio de 2024, considerando que cumplía los requisitos: una “situación clínica no recuperable” que generaba “dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante”.
Sin embargo, su padre, Gerónimo Castillo, representado por la asociación Abogados Cristianos, inició una batalla judicial que duró casi dos años (601 días, según algunos recuentos). Alegó que su hija no tenía plena capacidad para tomar esa decisión debido a sus antecedentes de salud mental y depresión. El caso recorrió múltiples instancias: juzgados de primera instancia, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Tribunal Supremo y, finalmente, referencias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todas las resoluciones avalaron la voluntad de Noelia y confirmaron que mantenía su capacidad de decisión. El procedimiento se llevó a cabo el 26 de marzo de 2026.
El cable diplomático estadounidense va más allá de la eutanasia y pone el foco en la gestión previa del caso. Washington pide explicaciones sobre cómo las autoridades españolas —policiales y judiciales— manejaron las denuncias de agresiones sexuales sufridas por Noelia, incluidas violaciones en grupo mientras estaba bajo tutela estatal. “Estamos profundamente preocupados por las denuncias de que la señora Castillo fue agredida sexualmente de forma reiterada mientras estaba bajo tutela del Estado y de que ningún responsable ha sido llevado ante la Justicia”, señala el documento según el New York Post.
Además, fuentes diplomáticas citadas expresan dudas sobre si se ignoraron posibles reticencias o dudas expresadas por Noelia en las horas previas al procedimiento, y cuestionan la aplicación de la eutanasia en casos de personas jóvenes con traumas graves y sufrimiento no estrictamente terminal.
Reacciones en España
El caso ha reabierto con fuerza el debate sobre los límites de la ley de eutanasia, que desde su entrada en vigor ha registrado más de 2.400 solicitudes y alrededor de 1.100 procedimientos realizados hasta 2024, la mayoría en pacientes mayores de 50 años con enfermedades oncológicas o neurológicas.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, defendió la actuación de los profesionales sanitarios: “Defenderemos con toda la firmeza a los y las profesionales de nuestro sistema sanitario ante cualquier ataque malintencionado”. Illa calificó la ley española como “uno de los marcos legales más avanzados y ejemplares del mundo” en materia de muerte digna.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, respondió con dureza a la injerencia estadounidense: “España es un país serio, con un sistema sanitario sólido y un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas, también a las que deciden pedir ayuda para morir dignamente”. Pidió a la Administración Trump que “deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio”.
Grupos provida y Abogados Cristianos, por el contrario, han criticado duramente el procedimiento, argumentando que Noelia no recibió el apoyo psicológico y social suficiente y que el Estado falló en protegerla durante su vida, limitándose a ofrecerle la muerte.
El caso también ha puesto de manifiesto grietas en la ley: la ausencia de una regulación clara sobre quién puede recurrir una resolución de eutanasia ha permitido que un familiar alargara el proceso durante casi dos años, generando un “calvario judicial” según críticos de la oposición familiar.
Este nuevo frente diplomático llega en un momento de tensión entre Washington y Madrid, y podría derivar en un intercambio oficial de notas entre ambos gobiernos antes del 3 de abril, plazo mencionado en el cable. Mientras tanto, el Tribunal Supremo español prepara jurisprudencia sobre estos casos para evitar que se repitan bloqueos judiciales similares.
La historia de Noelia Castillo, una joven que luchó por su autonomía hasta el final, sigue generando emociones encontradas en España y ahora trasciende fronteras, convirtiéndose en un espejo de debates globales sobre autonomía individual, protección de víctimas de violencia sexual y los límites éticos de la eutanasia.
