Trump reinicia conflicto comercial con aranceles.

Estados Unidos está a punto de reestructurar su política arancelaria, buscando sustituir los gravámenes temporales que expiran esta semana. Las nuevas medidas alcanzarán a 60 socios comerciales bajo la justificación de combatir el trabajo forzado, marcando un giro significativo en la ofensiva comercial de la administración Trump desde la anulación judicial de febrero.

El representante de Comercio, Jamieson Greer, advierte que se implementarán nuevas tarifas “pronto”, aunque sin especificar fechas. Este anuncio se produce justo antes de la expiración del arancel global del 10% impuesto por Trump como respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de restringir sus poderes arancelarios. La nueva arquitectura se basará en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, considerada más sólida que los poderes de emergencia eliminados por el fallo judicial.

Según la Oficina del Representante de Comercio (USTR), 60 economías han incumplido la prohibición o no han aplicado sanciones efectivas contra bienes producidos con trabajo forzado. El nuevo sistema arancelario establecerá dos niveles de tarifas: un 10% para aquellos países con restricciones parciales, que incluyen a Canadá, la Unión Europea y México, y un 12,5% para aquellos sin legislación al respecto, como China e India. Greer subraya que, mientras Estados Unidos tiene leyes contra el comercio basado en trabajo forzado, muchos otros países no las aplican.

Las tensiones ya se han intensificado, particularmente con Canadá. Trump ha firmado tres proclamaciones que imponen un arancel del 50% sobre una variedad de productos canadienses, incluyendo vino y lácteos, basándose en disposiciones de la Sección 338 del Arancel de 1930. Estas medidas, que entrarán en vigor el 19 de agosto, son vistas por el primer ministro canadiense, Mark Carney, como una “violación directa” del T-MEC, el tratado de libre comercio de América del Norte.

En paralelo, Brasil se enfrenta a un arancel del 25% sobre la mayoría de sus exportaciones a EE.UU., en respuesta a un estudio sobre prácticas comerciales desleales. El país ha expresado su intención de desafiar la medida ante la Organización Mundial del Comercio, argumentando que su superávit comercial con Estados Unidos, de $424,500 millones en los últimos 15 años, deslegitima estas nuevas tarifas.

A medida que las complicaciones comerciales aumentan, la administración Trump parece estar ajustando su estrategia bajo un enfoque que, a pesar de la pérdida de instrumentos anteriores, sigue buscando implementar una presión económica global, en espera de alcanzar acuerdos que garanticen un comercio más equitativo. Mientras los sectores domésticos vigilan de cerca estos desarrollos, el futuro de las relaciones comerciales dependerá de cómo se manejen estas tensiones y de la respuesta de los países afectados.

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