En un contexto de creciente tensión económica y política, la separación de poderes se convierte en un tema urgente en la arena internacional. En su obra fundamental, Montesquieu subrayó que la concentración de la autoridad legislativa y ejecutiva en una misma figura desgasta la libertad ciudadana. Este principio es clave para entender la reciente decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que declaró inconstitucionales los aranceles impuestos por Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Según la Corte, el ex-presidente actuó más allá de sus atribuciones, dado que el poder de imponer aranceles recae exclusivamente en el Congreso, conforme al artículo 1, sección 8 de la Constitución estadounidense. Un límite institucional finalmente se impuso a las ambiciones del ex-presidente.
La respuesta de Trump a esta decisión fue inmediata y de carácter ofensivo: impuso un arancel global del 10%, que más tarde se incrementó al 15%, amparándose en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta legislación permite la imposición de aranceles temporales en situaciones de emergencia en la Balanza de Pagos, un marco legal creado en respuesta al choque petrolero de los años setenta.
Sin embargo, el contexto en el que se producen estas decisiones no es sencillo. Mientras se eliminaba el arancel del 25% que se había impuesto a bienes no cubiertos por el T-MEC, persisten numerosos aranceles especiales que afectan a sectores claves del comercio, como acero, aluminio, y automóviles, entre otros. De hecho, la incertidumbre se cierne sobre la posibilidad de que Trump reinstale ese arancel sobre el tráfico de fentanilo, al calificarlo como “arma de destrucción masiva” que compromete la seguridad nacional.
Adicionalmente, las tensiones entre Estados Unidos y México podrían intensificarse, ya que la revisión del T-MEC está programada para este año. Con un Trump visiblemente descontento, no solo con la Corte, sino también con líderes como el primer ministro canadiense Mark Carney, existe el riesgo de que se busquen acuerdos bilaterales que favorezcan a Estados Unidos a expensas de México. Tal escenario podría traducirse en negociaciones asimétricas que impacten negativamente el comercio mexicano.
Estas complejidades se agravan por las posibles violaciones del gobierno mexicano al T-MEC, que incluyen discriminación contra empresas estadounidenses en el sector energético y reformas judiciales cuestionables. La postura de Trump podría endurecerse aún más en respuesta a estas acciones, lo que implicaría la aplicación de nuevos aranceles bajo distintas secciones de la Ley de Comercio.
La situación permanece en un estado de incertidumbre, alimentada por una serie de preguntas sin respuestas claras. ¿Cuál será el futuro del comercio entre México y Estados Unidos en este delicado contexto? Las decisiones a tomar no solo impactarán a estos países, sino que también tendrán repercusiones en la economía global. En esta marejada de aranceles, leyes y poderes en conflicto, es imperativo observar cómo se desarrollan estos acontecimientos en el horizonte político y económico.
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