La realpolitik ha terminado por imponerse a la búsqueda de la Justicia. Tras casi dos años de juicio ante un banquillo vacío, y cuando han transcurrido tres años y medio desde el asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul —en los que las autoridades de Ankara repitieron una y otra vez que no descansarían hasta esclarecer el horrible crimen—, Turquía ha terminado por tirar la toalla y aceptar las demandas de Arabia Saudí. El proceso judicial ha sido suspendido en territorio turco y será transferido a un tribunal saudí. Queda así abierto el camino a la normalización de relaciones entre Ankara y Riad, cuyo broche será una eventual visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a la monarquía saudí.
Este jueves, el tribunal de Estambul que juzgaba el caso decidió aceptar la demanda del fiscal de suspender el proceso y transferirlo a Arabia Saudí. El pasado 31 de marzo, durante una de las vistas del proceso, la Fiscalía —muy controlada por el Ejecutivo turco tras las últimas reformas legales y constitucionales— había hecho esta petición al tribunal alegando que, en ausencia de los encausados, el juicio no podría llegar a una conclusión. El tribunal decidió pedir consejo al Ministerio de Justicia y, unos días después, este respondió que veía “apropiada” la petición de la Fiscalía, dado que “las autoridades de Arabia Saudí no han aprobado la demanda” de extradición de los sospechosos.
En total, fueron veinte los imputados en la causa judicial turca, quince de los cuales formaban parte del equipo enviado desde Riad para asesinar a Khashoggi y hacer desaparecer su cuerpo, que aún no ha aparecido —se cree que fue incinerado en un horno de alta potencia en el jardín de la residencia del cónsul saudí— y el resto eran miembros de la legación consular saudí en Estambul y altos cargos del régimen acusados de planear el crimen, como Saud al Qahtani, encargado del área de medios de la corte saudí y cercano colaborador del príncipe heredero, Mohamed Bin Salman (MBS), y Ahmed al Asiri, subjefe de los servicios secretos. Para todos ellos, la misma Fiscalía turca que ahora se desentiende del caso pedía cadena perpetua al inicio del proceso.
Riad se negó a las extradiciones alegando que ya juzgó a los culpables en 2019. En diciembre de ese año, anunció que cinco imputados habían sido condenados a muerte y otros tres a diferentes penas de cárcel aunque, como muestra de la opacidad del proceso, ni siquiera informó de la identidad de los condenados. Sí se supo que Al Qahtani había sido exonerado. Más tarde, trascendió que uno de los hijos de Khashoggi había “perdonado” a los condenados a muerte, cuyas penas se conmutaron por la cárcel, aunque una investigación de The Guardian reveló el año pasado que, al menos tres de ellos, residen y trabajan en “viviendas de lujo” bajo protección del Estado saudí.
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“Transferir el caso Khashoggi de Turquía a Arabia Saudí pondrá fin a cualquier posibilidad de hacerle justicia y reforzará la creencia de las autoridades saudíes de que pueden salir impunes del asesinato”, denunció Michael Page, subdirector para Oriente Medio de la organización Human Rights Watch.
“Transfiriendo el caso del asesinato de Khashoggi a Arabia Saudí, Turquía decide devolvérselo a quienes son responsables de él. Es una garantía de que prevalecerán la injusticia y la impunidad”, criticó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, que investigó el caso en su anterior puesto de relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales y recibió por ello amenazas de Arabia Saudí. El informe de Callamard, como también uno del espionaje de Estados Unidos, acusa a MBS, príncipe heredero y hombre fuerte de Arabia Saudí, de haber instigado el crimen contra Khashoggi, quien había pasado de ser un hombre bien posicionado en la corte real saudí a un crítico de esta en el exilio.
Crisis económica
El asesinato de Khashoggi llevó a una práctica ruptura de las relaciones entre Arabia Saudí y Turquía, ya enrarecidas por las posturas encontradas de ambos países en varios conflictos regionales. En Siria, mientras Riad buscaba reconciliarse con el régimen de Bashar al Asad, Ankara ha seguido apoyando a los rebeldes; en Libia, los turcos han apoyado al Gobierno de Trípoli y los saudíes, junto a Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Rusia, al caudillo del este Jalifa Haftar; en el Mediterráneo Oriental, la monarquía wahabí ha aunado fuerzas con franceses, egipcios, emiratíes e israelíes para defender a Grecia y Chipre ante la considerada como “política expansionista” de Turquía. Y, sobre todo, a Riad le molestó profundamente que Turquía, con el establecimiento de un puente aéreo, salvase del bloqueo que, con sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo, impusieron a Qatar por lo que consideraban una aproximación del Gobierno de Doha a Irán.
Sin embargo, en los últimos meses, Ankara ha dado la vuelta a su política exterior hacia una postura más pragmática, ante la constancia de que estaba quedando aislada en la región. Así, se han restablecido los lazos con Israel y Emiratos y se han establecido mesas de negociación con Grecia, Egipto e incluso con Armenia. La principal razón de este cambio de postura es la delicada situación económica en que se halla Turquía, lo que puede poner en peligro la reelección de Erdogan el año que viene.
Turquía tiene problemas para financiar su déficit por cuenta corriente, que está creciendo por el aumento de los precios de la energía. La guerra en Ucrania puede causar la pérdida de un 27% de su turismo (el que suponen rusos y ucranios) y, con ello, reducir una de sus principales fuentes de ingreso de divisas. Además, ha quemado las reservas en moneda extranjera de su Banco Central para tratar de mantener a flote la lira, puesto que Erdogan se niega a subir los tipos de interés de referencia. Por ello, la institución monetaria turca está recurriendo a programas de intercambio (swap) con bancos centrales de otros países. De los 28.000 millones de dólares (en el equivalente en otras divisas) que le han prestado al Banco Central de Turquía, más de la mitad (15.000 millones), proceden de Qatar. El resto, de otros países como China o Emiratos. Ash considera que Riad podría ofrecer ahora a Turquía un monto similar al de los qataríes.
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