El gobierno de Estados Unidos ha anunciado una significativa reducción en el periodo de validez de los permisos de trabajo para refugiados, solicitantes de asilo y otros migrantes. De cinco años, se ha reducido a solo 18 meses este tiempo, un cambio que forma parte de la continúas medidas restrictivas implementadas por la administración de Donald Trump en relación a la inmigración.
Esta decisión llega en un momento de creciente tensión, justo dos días después de que se suspendieran las solicitudes de inmigración para ciudadanos de 19 naciones, incluidos países como Afganistán, Yemen, Haití, Venezuela, Sudán y Somalia. Tal acción ha suscitado preocupación entre los defensores de derechos humanos, ya que muchos de estos países enfrentan crisis humanitarias severas.
La medida es consecuencia directa de un ataque en Washington, donde dos miembros de la Guardia Nacional fueron tiroteados. El presunto atacante, un afgano, había llegado a Estados Unidos como parte de un programa de reasentamiento tras la retirada militar de Afganistán en 2021. Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), utilizó el ataque como justificación para esta nueva política, afirmando que la reducción del periodo de autorización de empleo se implementa para evitar que quienes buscan trabajar en el país amenacen la seguridad pública.
Por otro lado, la solicitud de asilo del atacante había sido presentada durante la administración de Joe Biden, pero aprobada en abril de 2025, cuando Trump ocupaba nuevamente la presidencia. Esta situación habla del complejo panorama de la inmigración en Estados Unidos, donde las políticas pueden cambiar drásticamente con cada administración.
La suspensión de las solicitudes de inmigración afecta de manera desproporcionada a quienes ya se encuentran en situaciones vulnerables. La decisión de la administración Trump de establecer un “paro permanente” a la migración de países del Tercer Mundo resuena con su retórica de campaña, que prometía deportar a millones de migrantes indocumentados y endurecer aún más las políticas de inmigración.
La medida también ocasiona un debate sobre los mecanismos de control y verificación de los migrantes en el país, y si estas medidas son efectivas para garantizar la seguridad pública. El USCIS ha indicado que esta reducción de los permisos de trabajo se aplicará no solo a los refugiados, sino también a los migrantes que hayan recibido asilo y a aquellos cuya deportación ha sido suspendida.
A medida que continúan los cambios en las políticas de inmigración en Estados Unidos, la incertidumbre persiste para los solicitantes de asilo y los refugiados, quienes se enfrentan a un futuro cada vez más incierto. Aquellos que esperan reencontrarse con la seguridad y reconstruir sus vidas en el país se ven ahora desafiados por un entorno político en el que las promesas de apoyo se ven reducidas a medidas restrictivas.
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